Inmodiario

Más de la quinta parte de los ciudadanos gasta en vivienda más de un 30% de lo que ganan. Este porcentaje permanece bastante estable desde el momento de mayor desaceleración del mercado inmobiliario, según recoge el Observatorio Social de La Caixa.

Ante este contexto, no es extraña la percepción extendida entre una proporción muy alta de ciudadanos de que el coste total de la vivienda supone una carga pesada para el hogar.

En los últimos años ha aumentado, además, el coste de acceso a la vivienda en alquiler, una tendencia que perjudica especialmente a los jóvenes y a las familias inmigrantes.

Para muchas personas, el coste de la vivienda es un problema muy relevante, ya que han de destinar a este gasto una parte importante de lo que ganan y, en el caso de los jóvenes, constituye un freno para la emancipación del hogar familiar.

Valga como prueba que el número de años que necesitaría un hogar para comprar una vivienda, suponiendo que destinara a ello el total de su renta disponible, permanece constante en torno a seis desde los momentos más álgidos de la crisis.

Por otro lado, los indicadores permiten comprobar que, en líneas generales, algunos de los problemas más graves para la materialización de este derecho, como la carencia de baño en el interior de la vivienda o el hacinamiento, afectan solo a una pequeña proporción de la población española.

Las necesidades correspondientes a las instalaciones sanitarias básicas de la vivienda están prácticamente cubiertas en su totalidad en los hogares españoles. Sin embargo, muchas viviendas (entre el 15 y el 20%) presentan deficiencias estructurales o un mantenimiento inadecuado.

La incidencia de los problemas de hacinamiento tampoco parece especialmente grave, aunque en los casos en los que se combina con otras carencias de la vivienda, y en determinadas áreas, puede ocasionar complicaciones de salud e integración social.

Entre las necesidades sociales ligadas a la vivienda, una de las menos conocidas, pero de creciente calado en la opinión pública y en el debate político, es la relacionada con la pobreza energética.

Aunque, en general, este tipo de pobreza tiene menor incidencia en los países con mayor renta por habitante, los indicadores utilizados para medir el alcance del problema revelan que afecta a un segmento no desdeñable de hogares españoles.

El problema adquirió especial protagonismo al inicio de la crisis, ya que los precios de la energía aumentaron drásticamente a la vez que se reducían las rentas familiares. La intensidad y la duración de la crisis hicieron que casi se duplicara el porcentaje de población afectada, mientras que en el resto de los países el indicador registró un comportamiento más estable.

Esto hizo desaparecer la posición ventajosa que España tenía en cuanto a la pobreza energética respecto al promedio europeo, medida según el nivel de dificultad para caldear adecuadamente la vivienda. España también destaca por la elevada sensibilidad del fenómeno a los cambios de ciclo económico.

El aumento de las situaciones de pobreza energética ha de ser reconocido y sus causas atajadas con políticas públicas más ambiciosas que las actuales.

Para ello han de tenerse en cuenta los tres orígenes de la pobreza energética: la baja renta familiar, la baja eficiencia energética de las viviendas y el precio elevado de la energía. La lucha contra la pobreza energética es importante por sus efectos negativos en términos económicos, sociales y de salud.