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Durante la sesión se ha presentado el “Estudio del Sector de la Ingeniería”, que analiza el estado de las empresas españolas y propone soluciones que dinamicen el sector con la ayuda de las Administraciones Públicas.

Madrid. Las empresas de Ingeniería españolas, agrupadas en TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, han analizado hoy en una Asamblea General Extraordinaria la dramática situación por la que atraviesa el sector debido a la crisis económica y a la  falta de inversión de las Administraciones Públicas. Tal y como ha afirmado el presidente de Tecniberia, José Luis González Vallvé, “la única salida posible para la crisis es incentivar la creación de empresas, y desde luego no incentivar su desaparición, como ocurrirá con las ingenierías con el recorte de inversión pública”.

Si bien ha resaltado la “buena disposición y gran sensibilización” del Ministro de Fomento, José Blanco, con respecto a los problemas por los que atraviesa el sector –que este año ha visto reducidas en un 50% las licitaciones en obra pública-, el presidente de Tecniberia ha coincidido con los asistentes en destacar la importancia del aumento de la inversión pública en Ingeniería. Este gasto público “no está especificado ni en los Presupuestos Generales del Estado ni en los de las Comunidades Autónomas, pero es inferior al 5% del total de la inversión que se moviliza, mientras en los países desarrollados se gastan del orden del 10%”, según ha señalado González Vallvé.

La cita extraordinaria ha sido inaugurada por Josep Borrell, que ha llamado la atención sobre la “crisis de inteligencia colectiva” que supone la crisis económica, y que se produce como consecuencia de “recortar la inversión” siempre que hay que realizar ajustes presupuestarios. Borrell ha abogado por preservar la inversión pública en ingeniería e innovación tecnológica para evitar la paralización del crecimiento, ya que “no debemos ahorrar en la construcción del futuro, que debe pasar por la inversión en Ingeniería”. Asimismo, el ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo ha denunciado que “España, a pesar de haber invertido mucho en infraestructuras, está muy lejos de hacer todas las inversiones que un país necesita, y aún hoy hay grandes áreas que necesitan inversión, como el Corredor Mediterráneo, que es la parte peor estructurada de nuestra geografía”. Para evitar la grave situación en la que se encuentran las empresas del sector, Borrell ha afirmado que la internacionalización juega un papel fundamental “para la que se necesita ayuda”, por lo que “hay que convencer al Gobierno de que el ajuste de la inversión no debe ser tan drástico”.

Tras la intervención de Josep Borrell ha sido presentado el “Estudio del Sector de la Ingeniería”, un documento que, además de analizar el estado en el que se encuentran las empresas del ramo, propone soluciones para dinamizar el sector con la ayuda de las Administraciones. Las conclusiones del estudio, que han sido debatidas durante la Asamblea, pasan –además de igualar la inversión en Ingeniería a la realizada por los países desarrollados- por proponer al Gobierno un plan de futuro para el sector, y consensuar una serie de medidas económicas que favorezcan la creación de empleo y la viabilidad de las empresas de ingeniería a medio y largo plazo.

De este modo, una inversión del sector público en Ingeniería similar a la de los países desarrollados podría crear 40.000 empleos insertados en el modelo de I+D+i, (generando por tanto exportación y empleo estable y de calidad), mientras que el plan de futuro para la arquitectura y la ingeniería españolas que se ha debatido hoy debería incidir en tres aspectos fundamentales: apoyo estratégico a la presencia exterior, teniendo en cuenta que la Ingeniería española es la tercera del mundo en energía eólica, la segunda en termosolar y la tercera en desalinización de agua de mar; el apoyo a la actividad empresarial y profesional en el exterior; y el mantenimiento de unos mínimos de inversión pública con el fin de mantener la positiva capacidad actual del sector.

En cuanto a las medidas económicas para favorecer la viabilidad de las empresas de ingeniería se encuentra el mantenimiento de un presupuesto mínimo que permita la supervivencia del sector. Como ejemplo se ha apuntado al presupuesto que destinó el Ministerio de Fomento en 2009 a la Ingeniería, que fue de 725 millones de euros. Unas cifras similares se podrían asumir para el año 2011, con licitaciones de 300 millones en el primer trimestre. Otras de las medidas económicas estudiadas son las referentes al aplazamiento de los pagos del IVA sin avales bancarios, así como solicitar que los costes de esos avales sean asumidos por el Ministerio de Fomento. Por otra parte, se propondrá agilizar el pago de liquidaciones de anticipos de contratos, solicitar una línea de financiación específica para las empresas, y el desbloqueo de los estudios previos e informativos para avanzar en la tramitación de información pública y ambiental.

Además de las medidas mencionadas, la Asamblea ha debatido acerca de la función que debería ocupar la entidad pública INECO. Este punto ha sido uno de los que más consenso ha generado, al considerar los asistentes que dicha entidad debería limitar sus funciones en el territorio nacional, ya que su actividad en las obras públicas españolas supone constituye competencia desleal con respecto a las empresas privadas del sector. Así, la Asamblea General Extraordinaria ha considerado que lo más conveniente es que INECO se reconvirtiera en una coordinadora pública para oportunidades internacionales de las empresas españolas.

La Asamblea también ha planteado iniciativas administrativas que se pueden llevar a cabo, como la autofinanciación de los proyectos o el establecimiento para todos los trabajos de Ingeniería del Ministerio de Fomento la solución PLM (Project/Product Lifecycle Management), de forma que se auditen sistemáticamente los costes de construcción para evitar reformados y mínimos costes de mantenimiento. A juicio de las empresas del sector también es necesario revisar los proyectos para minimizar la producción de CO2, y auditarlos para identificar I+D+i en los mismos, con las ventajas correspondientes, ya que “resulta paradójico que se haga un esfuerzo artificioso para comprar I+D+i y tecnología nacional (1.300 millones de euros), pero no se continúe comprando Ingeniería nacional, que tiene un alto componente de I+D+i”, tal y como ha manifestado un asistente durante el debate.