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Madrid. La patronal española de ingeniería, Tecniberia, recurrirá ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional la multa de 200.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia por una “conducta anticompetitiva” ante una supuesta recomendación de precios a las empresas del sector. Para Tecniberia, enormemente sorprendida por este dictamen, se trata de una resolución absolutamente desproporcionada e injusta.

El origen de esta resolución es un estudio de costes de la ingeniería elaborado en 2008 que fue realizado en el mismo periodo de tiempo por varias asociaciones de empresas de ingeniería integradas en la Federación Europea de Asociaciones de Ingeniería (EFCA). Este estudio quería ser una respuesta a las frecuentes preguntas que venían realizando diversos responsables de las Administraciones Públicas, que tenían que enfrentarse a la redacción de pliegos y elaboración de presupuestos previos a la licitación de proyectos y asistencias técnicas.

Elaborado el estudio por la consultora independiente Deloitte, se llevaron a cabo numerosas presentaciones del mismo a responsables de distintos ministerios, en especial a los de Fomento, Medio Ambiente, y Vivienda. En ningún momento este informe levantó sospecha alguna, ni se interpretó desde la Administración como una concertación o acuerdo de precios, sino como una orientación que se aportaba para ayudar a elaborar unos presupuestos base más realistas en las licitaciones de obra y servicios.

En cualquier caso, las Administraciones Públicas son soberanas para establecer los precios que consideren oportunos, y las empresas libres de participar o no de las licitaciones que propongan estas, en función de que les interesen o no los precios y otras características de los pliegos de los concursos.

La demostración más palpable de que el estudio referido no ha servido para la concertación de precios se pone de manifiesto en las bajas temerarias, y sobre todo en la gran dispersión de las ofertas económicas, que se han venido produciendo en los concursos convocados por las Administraciones Públicas a partir del año 2009 en su práctica totalidad.