Inmodiario

Madrid. Las empresas españolas de ingeniería privada están que trinan. Llevan años, como todos, con menos contratos que echarse a la espalda con el declive progresivo de la licitación pública. Y ahora que se aventuraba un buen nicho de negocio con los proyectos del Corredor Mediterráneo ferroviario, el Ministerio de Fomento se ha encargado de echar un nuevo jarro de agua fría sobre sus expectativas. Será la sociedad mercantil pública Ineco la encargada de abordar este proyecto, para el que durante el ejercicio existe una partida presupuestada de 1.342 millones de euros.

Lo hará amparada bajo la encomienda de gestión tipificada en la Ley de Contratos del Sector Público, que considerada a Ineco como medio propio y servicio técnico de la Administración general del Estado tanto en los estatutos de la empresa como en la citada Ley, y cuya retribución queda debidamente determinadas en unas tarifas fijas.

Participada por Aena (45,85%), Adif (41,37%) y Renfe (12,78%), la citada Ineco lleva años soportando críticas por el flujo de actividad que suponen las encomiendas de gestión o adjudicaciones sin concurso que le otorga Fomento. La última, anunciada el pasado 24 de abril, ha subido el clima de indignación de las empresas agrupadas en Tecniberia, la patronal del sector.

Llevaban semanas intentando mantener una reunión con los responsables ministeriales para tratar de buscar vías que impulsen la obra pública, y,  lejos del contacto solicitado, lo que se hace desde el Ministerio, con la encomienda a Ineco, es dificultar aún más las posibilidades de las empresas para salir a flote.

A pesar de la legalidad de la medida, los responsables de la asociación critican la falta de transparencia en la contratación, que debería estar marcada por la libre concurrencia a los concursos.

Además, entienden que se está haciendo un uso abusivo de las encomiendas de gestión, fórmula prevista para casos de urgencia, hay que salvaguardar la confidencialidad, está en riesgo la seguridad del Estado o falta capacidad en el mercado para encontrar proveedores.

Creen que, en estos momentos, ninguna de estas premisas respalda la toma de esta decisión. Creen, por ejemplo, que no existe urgencia alguna que justifique la encomienda porque la licitación hubiera llevado unos cinco meses de plazo hasta la adjudicación.