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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido el acto de la firma del Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas con el que se incrementa el número de viviendas con alquiler reducido a disposición de familias y personas vulnerables a través de Sareb.

Tras la firma del protocolo, Pedro Sánchez ha señalado que es "necesario y urgente renovar el parque público de viviendas de alquiler. Y vamos a favorecer que los grandes tenedores de vivienda o entidades financieras pongan parte de su cartera a disposición de personas en situación de vulnerabilidad".

Al acto, que se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa, también han acudido la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos y el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen.

1.000 millones para el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha explicado que el refuerzo de la política social de vivienda con el aumento de inmuebles a disposición de personas vulnerables es una medida que se suma a otras decisiones impulsadas por el Gobierno para resolver los déficits en materia de vivienda, como el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible. Al respecto, Pedro Sánchez ha anunciado que para financiar este plan se van a destinar 1.000 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este plan quiere hacer frente a los desajustes del mercado del alquiler en algunas zonas tensionadas, donde la escasez de viviendas y la subida de precios dificultan la posibilidad de acceso a muchas personas, y lograr que el parque público en puntos calientes ronde las 24.000 viviendas.

Entre las actuaciones del plan figuran: viviendas para el alquiler asequible financiadas por el Plan Estatal de Vivienda y que se desarrollan en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, viviendas para el alquiler asequible mediante convenios con entidades locales en zonas con el mercado de arrendamiento más tensionadas y viviendas impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con la entidad pública SEPES en suelos de titularidad estatal.

Protocolo sobre el Alquiler Social de Viviendas

Para reforzar el parque social de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Sareb han firmado un protocolo para poner a disposición de comunidades autónomas y entidades locales 5.000 nuevas viviendas, una cantidad que se ampliará hasta 10.000 a medio plazo. En la actualidad, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen a su disposición 5.000 viviendas de Sareb, por lo que la cantidad total se eleva a 15.000.

En virtud de este acuerdo, Sareb cede las viviendas a las comunidades autónomas y entidades locales y el Ministerio asume parcialmente los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas. Estos inmuebles serán arrendados con un precio reducido a personas con ingresos limitados y en situación acreditada de vulnerabilidad por parte de comunidades autónomas y entidades locales.

Sareb es una sociedad creada en noviembre de 2012 a la que se cedieron activos inmobiliarios por parte de entidades financieras que arrastraban una excesiva exposición al sector, a fin de facilitar su saneamiento.

Fondo Social de Vivienda

Por otro lado, y en el marco de las políticas para garantizar el derecho a una vivienda digna, se prorroga hasta enero de 2022 el Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables. La extensión ha sido acordada por el Gobierno con la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector.

Tras esta nueva prórroga, las entidades financieras participantes se han comprometido a incrementar un 10% el número de viviendas que aportan al Fondo Social de Vivienda y que son propiedad de las entidades de crédito. Estas viviendas están destinadas a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, y que pueden así acceder a un arrendamiento a precios reducidos.