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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana ha creado una comisión cuyo objetivo es revisar y actualizar los criterios de adjudicación de las viviendas públicas de la Generalitat para evitar problemas de convivencia a los residentes de viviendas públicas.

La comisión está formada por 25 personas expertas de organismos públicos y entidades privadas del ámbito de la vivienda y la inclusión social. Por parte de la Administración autonómica, han participado el director general de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, y la directora general de Políticas Inclusivas, María José Cortell.

Por parte de la Administración local, han asistido representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Patronato de Vivienda de Alicante, Oficina de Vivienda de Castellón y Ayuntamiento de Elche.

Además, también se han incorporado a la comisión responsables de Unicef, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Plataforma del Tercer Sector y Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH).

Con esta reunión de personas expertos, la Vicepresidencia Segunda pretende cambiar el sistema de adjudicaciones actual para crear espacios de convivencia, en los que la ciudadanía esté representada, se pueda disfrutar de la diversidad y donde el derecho a la vivienda sea efectivo.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén martínez Dalmau, ha impulsado está línea de trabajo con el objetivo de conseguir barrios inclusivos, ya que la experiencia demuestra que vivir en un barrio vulnerable también conlleva problemas de escolarización, sanitarios o de inclusión laboral.

Por ello es necesario ampliar el concepto de vivienda, entendido como el lugar donde las personas habitamos, por el lugar donde vivimos, y donde nos socializamos y desde donde tenemos que trabajar.

De ahí la necesidad de coordinar desde la Vicepresidencia la acción de una parte de las consellerias, como educación, salud o igualdad, porque solo con la implicación de todas se conseguirán barrios inclusivos.

Directrices de Naciones Unidas

El planteamiento inicial en el que se va a trabajar parte de las directrices para la aplicación del derecho a una vivienda adecuada, de Naciones Unidas del 20 de marzo de 2020, y de sistemas más actuales como son los utilizados en el Instituto Balear de la Vivienda y Bilbao Viviendas EtxebizitzaK.

De ahí la creación de un grupo de expertos de inclusión social y municipalismo, profesionales que puedan trabajar en los nuevos criterios de forma participativa y consensuada.

Los criterios de adjudicación actuales responden a un baremo muy estricto de un decreto de 2007, especialmente ceñido a criterios económicos y número de personas que forman la unidad familiar. Por ello, se considera necesaria una revisión para incorporar otro tipo de criterios globales, analizando la comunidad asignada, el bloque donde está situada la vivienda, entre otros puntos.

Con ello se pretende prevenir mejor los procesos de segregación y 'guetización' de determinados grupos y propiciar ámbitos de convivencia agradables para los residentes de vivienda pública.

Las conclusiones y los nuevos criterios de adjudicación que se determinen en esta comisión se incorporarán al decreto de desarrollo de la Ley de la función social que está desarrollando la Vicepresidencia Segunda.