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La presidenta de Baleares, Francina Armengol, acompañada por conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha presidido la primera Mesa de la Vivienda de las Islas Baleares de esta legislatura.

En la Mesa se ha presentado un paquete de las 25 medidas extraordinarias en materia de vivienda que tienen por objetivo facilitar la promoción, la construcción, la implantación o el uso de viviendas de titularidad pública, y poner vivienda asequible al alcance de la población de las Islas Baleares.

Armengol ha recordado que la política de vivienda en las Balears no ha sido una «política de Estado, gobierne quien gobierne, sino que ha tenido épocas de sequía a la hora de atender el derecho de la ciudadanía de disfrutar de una vivienda digna». Por este motivo, se han puesto en marcha espacios de diálogo como la Mesa de la Vivienda y medidas «urgentes» como las que se han presentado.

En la misma línea, el conseller Pons ha remarcado que en la legislatura anterior se pusieron las bases de la política de vivienda con una ley de vivienda, que ahora se tiene que desarrollar, y un plan de construcción de nuevas VPO, que actualmente ya están en marcha. "Estas 25 medidas extraordinarias son las primeras, pero no las últimas, en materia de vivienda, porque cada día seguiremos trabajando y adaptándonos a la realidad social y económica que tenemos para garantizar el acceso a la vivienda para la población de las Illes Balears", comentaba Pons.

En concreto, este paquete de 25 acciones extraordinarias en materia de vivienda se centran exclusivamente en suelo urbano, y la respuesta a la problemática de la vivienda pasa por una mejor gestión de los recursos urbanos existentes.

Los instrumentos ordinarios actualmente en vigor en materia de vivienda y urbanismo no son suficientes para abordar la actual situación del mercado de la vivienda. Precisamente por ello, se plantea la adopción de medidas extraordinarias en estos ámbitos orientadas a dar una respuesta rápida y efectiva que permita ampliar la oferta de viviendas de protección pública en régimen de alquiler, la construcción de viviendas de carácter público para dar respuesta transitoria a las necesidades residenciales y también para facilitar la entrada en el mercado de vivienda a precios asequibles.

Objetivos: Las 25 medidas responden a seis grandes objetivos:

1. Construir un sistema de información pública, cierta y actualizada del mercado de la vivienda.

2. Incrementar el parque público de vivienda.

3. Implicar al sector privado en la construcción y gestión de VPO.

4. Ganar agilidad administrativa.

5. Articular mecanismos para responder a los casos de vulnerabilidad.

6. Consolidar el corpus normativo.

En relación con el primer objetivo, resulta necesario poder disponer de datos públicos en materia de vivienda que sean objetivos y territorializados para poder diseñar, evaluar y contrastar las políticas públicas de vivienda que las Islas Baleares necesitan.

Hasta ahora en las Balears no se disponía de estos datos, por lo que se crea el Monitor Balear de la Vivienda (MOBVA). Este órgano permitirá obtener una radiografía sobre los precios de la vivienda en territorio balear e identificar aspectos demográficos relativos a la evolución de la población y los hogares, la movilidad residencial o el estudio del parque de vivienda de las Illes Balears, la estructura de la propiedad y las dinámicas de construcción y rehabilitación.

Por otro lado, la ampliación del parque de vivienda de gestión pública es uno de los objetivos prioritarios para garantizar el derecho de todos los ciudadanos de las Illes Balears a acceder a una vivienda digna y es clave para incidir en el mercado de la vivienda. Incrementar el parque público tiene una doble función: atender de forma directa a los ciudadanos inscritos actualmente como demandantes de VPO y contener los precios en el mercado de vivienda libre.

En este año 2020 se dispone del presupuesto más alto que jamás han tenido las Illes Balears en materia de vivienda, con más de 40 millones de euros destinados a la construcción de VPO. Sin embargo, el incremento del parque público de vivienda no solo se consigue con la construcción de más hogares, sino que también se desarrollan medidas como la ampliación general del derecho de tanteo y retracto del Govern para obtener más viviendas: el Govern podrá adquirir preferentemente VPO en venta y suelo reservado a VPO, así como ser comprador prioritario en todas las operaciones con inmuebles procedentes de ejecución hipotecaria o dación en pago entre grandes tenedores.

También se implica al sector privado en la construcción y gestión de vivienda de protección oficial, reforzando las cooperativas de VPO y con el derecho a superficie a favor de los particulares con fijación máxima de precios.

Para ganar agilidad administrativa, se desarrollan una serie de medidas que permitirán en el Govern construir VPO de forma más rápida y eficiente a través de la colaboración y la coordinación con colegios profesionales, ayuntamientos y otras instituciones implicadas.

Entre las 25 medidas se definen acciones dirigidas a atender los casos de vulnerabilidad, como son la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquiler social antes de iniciar cualquier procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria o dación en pago, así como también la cesión a servicios sociales de viviendas de protección oficial para las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Finalmente, las 25 medidas prevén el desarrollo reglamentario completo de la Ley de vivienda, así como la regulación del sector inmobiliario, en el que a partir de ahora se exigirá la acreditación de formación, solvencia económica y la inscripción en el régimen público con el objetivo de defender al consumidor y evitar el intrusismo.