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La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda, ya concedió un total de 420 bonos de alquiler social con el fin de proporcionarles a las personas en dificultades una ayuda que les permita garantizar el pago de la renta de su vivienda.

El Bono de Alquiler Social se enmarca en las 12 medidas adoptadas por la Xunta frente a los desahucios y en defensa del derecho a la vivienda. El Gobierno gallego hizo pública en el mes de enero a convocatoria de las ayudas del bono correspondiente a este año, que contará con una inversión de cinco millones de euros que se destinarán a subvenciones que se concederán este año y se prorrogarán hasta 2019 o 2020.

Esta medida de apoyo consiste en una ayuda mensual de hasta 200 euros y por un plazo máximo de tres años para el pago del alquiler de la vivienda, además de una ayuda única de 600 euros para los gastos derivados de la formalización de nuevos contratos de alquiler o para el pago de retrasos en el caso de permanecer en la vivienda objeto del procedimiento judicial de desahucio.

El objetivo de este programa es actuar en una doble dirección: primero, intentando paralizar el proceso de desahucio al proporcionarle a los inquilinos una ayuda económica que les permita garantizar el pago de la renta; y segundo, cuando no sea posible, ayudándoles a las familias desalojadas de su casa a afrontar el pago del arrendamiento de un nuevo hogar.

La orden aprobada en enero establecía la incorporación de dos nuevos colectivos susceptibles de beneficiarse de las ayudas del Bono de Alquiler Social: los arrendatarios de viviendas de promoción pública de la Xunta cuya vigencia del contrato finalizara después de la entrada en vigor de esta orden; y personas que por concurrir circunstancias de emergencia social y no conseguir los ingresos necesarios establecidos en el Programa de Viviendas Vacías, sean propuestas para la adjudicación de una vivienda en el marco de dicho programa.

Estos nuevos colectivos se suman a los ya incluidos anteriormente como las personas inmersas en situaciones de especial dificultad, víctimas de violencia de género o unidades de convivencia con dificultades para asumir lo cueste del arrendamiento de una vivienda y que habían sido privados de su vivienda habitual por daños sufridos en esta derivados de una circunstancia imprevisible y sobrevenida, tales como incendios, o inundaciones.

Por otra parte, el Gobierno gallego, desde el año 2015 hasta la actualidad adjudicó de manera directa 160 viviendas a familias en riesgo de exclusión, de las que 108 se corresponden con inmuebles cedidos por la Sareb y por entidades financieras y las restantes son viviendas de promoción pública de la Xunta.

El Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dispone de un parque público de alrededor de 3.100 viviendas en alquiler, destinadas a familias con bajos recursos.

Estos inmuebles cuentan con descuentos del 50% en su importe, lo que evita que los núcleos familiares con dificultades tengan el riesgo de perder su vivienda. Además, los adjudicatarios de estos inmuebles en régimen de compraventa pueden solicitar el cambio a alquiler se tienen problemas para el pago de su hipoteca.