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La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, destinará en 2017 un total de 5,1 millones de euros a reparaciones de viviendas y actuaciones de mejora en el parque de viviendas de la Agencia de Vivienda Social, la sociedad que tomó el testigo del extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al principio de esta legislatura.

Esta inversión facilitará contar con un mayor número de viviendas disponibles y permitirá un crecimiento más rápido del Parque de Vivienda de Emergencia Social y otras viviendas de protección oficial destinadas a personas en situaciones de especial necesidad, para quienes, debido a sus circunstancias, el tiempo juega un papel fundamental.

La inversión se realizará en aquellas viviendas que se encuentren en la zona este y oeste de la región y servirá para acometer obras de reforma, reparación y conservación en viviendas, locales comerciales, garajes, edificios y solares propiedad de la Agencia de Vivienda Social.

Estas actuaciones son del todo necesarias para poder llevar a cabo el mantenimiento, no sólo de viviendas que cuenten con adjudicatarios residiendo en ellas y necesiten algún tipo de actuación, sino en otras viviendas que pudieron ser ocupadas ilegalmente y que posteriormente fueron abandonadas, sufriendo en muchos casos episodios de vandalización.

La inversión contempla a su vez la posibilidad de actuar en edificios en los que sea necesario realizar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), además de garajes y locales comerciales que requieran algún tipo de actuación para su puesta en marcha o ser comercializados.

En lo que llevamos de la presente legislatura, la Comunidad de Madrid ha entregado un total de 1.694 viviendas, superando el compromiso inicial de la presidenta Cifuentes de entregar al menos 1.200 viviendas.

De todas estas viviendas, 654 son viviendas que han sido reparadas o han tenido algún tipo de actuación y que han visto mejoradas sus condiciones de habitabilidad.

Un total de 7.750 familias en la región son beneficiarias de la reducción en el abono de sus rentas, al encontrarse en situación de grave dificultad, lo que supone 12,4 millones de euros en la facturación de rentas de arrendamiento de la Agencia de Vivienda Social.