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Con la firma de los convenios de los Ayuntamientos de Lalín y Vedra, son ya 32 los municipios gallegos que se han adherido al Programa de Viviendas Vacías de la Xunta de Galicia, unos acuerdos que tienen por objetivo hacer de un conjunto de inmuebles desocupados una bolsa de viviendas sociales destinadas a las personas que, por circunstancias económicas, personales o familiares, se encuentran en situaciones de dificultad.

De los 32 ayuntamientos que ya forman parte del programa, 18 son de la provincia de A Coruña y 7 pertenecientes a la provincia de Pontevedra.

El objetivo prioritario de esta medida social pionera en el Estado es crear una bolsa de viviendas vacías para alquiler social, incorporando las viviendas de organismos, particulares y empresas que no se encuentren habitadas contando, para esto, con la colaboración de las Administraciones locales.

La previsión de las autoridades es que de forma inminente los ayuntamientos adheridos comiencen a adjudicar las viviendas, señalando que es lo de Ourense, el primero en firmar, lo que tiene los trámites más avanzados.

En el caso de los dos últimos convenios firmados, se ha fijado un precio máximo de la renta del alquiler -de 300 euros en el caso de Lalín y de 250 en Vedra- y la cuantía vendrá determinada por las características de la propia vivienda y por las circunstancias particulares de los beneficiarios.

Se trata de que el alquiler resulte de interés, tanto para el arrendador como para el arrendatario: que al propietario le compense incorporar la vivienda vacía la este programa por la renta que va a recibir y que el beneficiario pague un alquiler asequible que es compatible, además, con otras ayudas que pueda percibir, tanto del Ayuntamiento, como de la Xunta.

Las viviendas que se incorporan la este programa estarán doblemente aseguradas por la Xunta mediante un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de garantía de cobro de la renta, con asistencia y defensa jurídica, para dar seguridad y tranquilidad a los arrendatarios.

Con estos seguros, que financia la Xunta, el propietario ve como el piso que cede en alquiler para ayudar a las familias está totalmente asegurado y también se evitarían problemas como los que tienen traslado distintos colectivos sociales, por las dificultades de encontrar propietarios dispuestos a alquilar un piso a familias en dificultades.

Los responsables autonómicos siguen haciendo hincapié en la importancia de que todos los municipios gallegos se doten de los instrumentos necesarios para ofrecer soluciones reales a familias que tienen problemas reales en materia de vivienda, sea cuál sea el lugar donde vivan.

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