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El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral, ha entregado en Mérida 11 viviendas de promoción pública a otras tantas familias necesitadas. Tres de ellas han sido para ciudadanos que han perdido su hogar tras sufrir problemas económicos que han derivado en una ejecución hipotecaria.

Las adjudicaciones a las familias se han producido de forma directa al estar acreditada la situación de “urgente y extrema necesidad”. El Gobierno de Extremadura ha tenido que realizar una inversión de 138.000 euros para el acondicionamiento de los pisos antes de la entrega a los nuevos adjudicatarios.

Las tres familias desahuciadas hipotecarias tienen ya las llaves de sus nuevos pisos en Cáceres, Mérida y Villafranca de los Barros, respectivamente. Se trata de viviendas sociales que han sido recuperadas previamente por el Gobierno de Extremadura.

Otras dos viviendas han sido adjudicadas en Cáceres y Mérida a instancias del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y también dos se han entregado en la capital cacereña a petición del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).

Por último, cuatro pisos se han entregado en Villanueva de la Serena, de los que tres corresponden al realojo de familias afectadas por la actuación que se está desarrollando en el Área de Renovación Urbana (ARU) del barrio de los Conquistadores.

Durante el acto de entrega, que ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Fomento en la capital autonómica, Víctor del Moral ha destacado el compromiso del Gobierno de José Antonio Monago por garantizar viviendas dignas a las familias que realmente las necesitan en cada población. Asimismo, ha invitado a los adjudicatarios a que las cuiden y paguen puntualmente el alquiler ya que, además, estas cantidades les serán descontadas si, dentro de tres años, deciden adquirir la vivienda en propiedad. En el acto también ha participado el director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano.

El Ejecutivo extremeño ha recuperado desde finales de 2011 más de 200 viviendas públicas a las que sus adjudicatarios iniciales no estaban dando un uso legal. Todas ellas han sido readjudicadas de forma directa a personas en situación de urgente y extrema necesidad. De ellas, 38 han ido ya a manos de familias que han perdido su primera vivienda por no poder pagar la hipoteca al banco, las tres últimas hoy.

Este procedimiento de entrega de viviendas públicas a desahuciados hipotecarios está amparado por la modificación del decreto 115/2006 de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma.

En él se contempla la entrega directa de pisos a familias “en los supuestos en los que se acredite la pérdida de la vivienda por la imposibilidad del pago en procedimiento judicial de desahucio de las cuotas hipotecarias”, una modificación que se estableció con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011.

La entrega de la vivienda se realiza a familias necesitadas tras un pormenorizado análisis de los servicios sociales de la Consejería y la resolución favorable de la Comisión Técnica de Intervención Social.