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El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, y los alcaldes de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y el de Torrent, Jesús Ros, han exigido a la Sareb la renovación de los contratos de alquiler de las 245 familias que residen en viviendas de su propiedad en estos municipios.

Así se ha acordado en las reuniones de trabajo que el titular de Vivienda ha mantenido con los dos representantes municipales, en las que se han estudiado las posibles opciones para buscar una solución definitiva a estas familias a las que la Sareb les ha notificado la no renovación del alquiler y la obligación de abandonar el inmueble en el plazo de un mes.

Martínez Dalmau ha asegurado que desde su Conselleria "no vamos a tolerar que pasen estas cosas" y más, "cuando la Sareb es dinero público y el dinero público no puede ser utilizado para desahuciar a familias".

En total son 245 las familias afectadas por la decisión de Sareb, 125 de Torrent y 120 de Alfafar. En ambos casos, las viviendas fueron construidas por la promotora privada Urbimetro. S.L, filial del grupo Crein Inmobiliaria.

Desde hace unos meses esas viviendas pertenecen a la Sareb por resolución judicial para hacer frente de los impagos de Crein Inmobiliaria al "banco malo". Se trata de tres fincas acogidas al régimen general del Plan Estatal 2005-2008, de protección a 30 años y en régimen de alquiler a 25 años.

Los primeros contratos vencen la próxima semana. De ahí la rápida actuación de las administraciones. Martínez Dalmau ha asegurado que es en situaciones como ésta "cuando las instituciones tienen que estar al lado de las familias. No es el momento de enviar cartas para desalojar a la gente. Estamos en mitad de una pandemia donde hay muchas personas afectadas y, por tanto, exigimos a la Sareb soluciones en la renovación de los contratos".

Asimismo, ha destacado la importancia que está teniendo la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos de Alfafar y Torrent para abordar y solucionar esta situación dramática.

Tras las reuniones de trabajo con los alcaldes, en las que también ha participado el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, el vicepresidente ha visitado los bloques de viviendas de Alfafar, donde ha podido conocer de primera mano las circunstancias que están viviendo estas familias.

Negociaciones en marcha

La Generalitat, de la mano de los ayuntamientos, está buscando las mejores opciones para resolver este problema. Martínez Dalmau ha explicado que ya se está en negociaciones con los máximos representantes de la Sareb para buscar soluciones, que deben pasar, "a corto plazo porque las familias se queden en sus casas, algo que está negociado y decidido con la entidad. Y a medio plazo, hay que buscar soluciones sostenibles, a través de un proceso de negociación, para que estas familias puedan permanecer en sus hogares".

Por el momento, desde la Conselleria ya se ha garantizado la prórroga de los alquileres, tal y como recoge el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

El artículo 2 prevé la obligación de prórroga de los contratos de alquiler en vivienda habitual de hasta seis meses, medida a la que podrían acogerse las familias afectadas si presentaron la solicitud correspondiente.

Esta posibilidad está prevista para todos los contratos de alquiler donde el plazo del contrato o la prórroga finalice entre el 1 de abril y cuando acabe el estado de alarma, en este momento previsto en mayo de 2021. Por lo tanto, esta solicitud se puede aplicar a las familias de Alfafar y Torrent.

Además, este mismo decreto-ley marca que cuando el arrendador sea un gran tenedor y el arrendatario sea una persona en situación de vulnerabilidad, éste puede pedir el aplazamiento temporal y extraordinario del alquiler.