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Madrid. No es evidentemente la compra de vivienda el motivo por el que el Gobierno va a introducir un mecanismo legal para que todos los sefardíes, que demuestren que son descendientes de los judíos expulsados de España hace 520 años, obtengan de forma automática la nacionalidad española.

Pero, ya de paso, todos aquellos que la consigan, vivan donde vivan, tendrán pleno derecho a comprar una de esas 700.000 viviendas que el Gobierno no sabe cómo quitarse de encima. Y lo harán con todas las de la ley, sin mediar permiso de residencia y sin límite alguno para su compra, como quieren hacer con chinos o rusos.

¿Cuántos sefardíes podrían convertirse automáticamente en españoles y, por lo tanto, poder comprar una vivienda? Se manejan cifras muy dispares entre los historiadores, de entre 100.000 y 250.000, en función de los que fueron expulsados tras el edicto de los Reyes Católicos por su negativa a convertirse al catolicismo.

El mecanismo articulado por el Gobierno para que los sefardíes se conviertan en españoles varía un tanto respecto al que se seguía hasta ahora, y por el cual existen actualmente casi 3.000 solicitudes pendientes de resolver, de acuerdo con el precepto introducido en el Código Civil de 1982, que permitía otorgar la nacionalidad por ‘carta de naturaleza’ tras dos años de residencia en España.

Será similar al que se sigue con ciudadanos iberoamericanos, filipinos y portugueses. Ahora se suprimirá el requisito de los dos años y será suficiente con que acrediten su condición de sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías, tras lo que los solicitantes, sus cónyuges e hijos menores gozarán de todos los derechos de protección y asistencia consular en España.

Posteriormente, podrán inscribirse en el registro previa jura o promesa de fidelidad a la Constitución y al Rey.

Se trata de una vía no contemplada hasta ahora desde un punto de vista económico, pero que habrá hasta qué punto su implantación tiene eco. Hay que tener en cuenta que, en este caso, ya no tendrán restricción alguna para efectuar la compra como ocurriría en el caso de esos chinos o rusos quienes, de acuerdo, con lo adelantado por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, con esos 160.000 euros que como mínimo deberían desembolsar.