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En Europa ya se han cansado de esperar. Las excusas dadas por el Gobierno de España para no llevar a cabo la transposición de la directiva comunitaria que lleva aparejado el cambio de la ley hipotecaria ya no sirven.

Las últimas, derivadas de la situación de interinidad que vive el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, tampoco. Por eso, ya se habla sin ambages de la imposición de sanciones por hacer caso omiso a una transposición para la que se dio de plazo dos años, ya vencido con creces.

España tenía obligación de transponer la nueva directiva europea en materia hipotecaria antes del pasado 21 de marzo. Y no lo ha hecho. Es el motivo por el que, desde hace dos años, la obsoleta norma española está siendo corregida a golpe de sentencias, a menudo emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La normativa europea supone un cambio sustancial de las reglas del juego hipotecario estableciendo un nuevo nivel de protección para los clientes de la banca. El principal objetivo de esta nueva directiva es avanzar en la consecución de un mercado único de créditos hipotecarios, aumentando la protección de los consumidores y, a la vez, promoviendo la concesión responsable del crédito por parte de las entidades financieras, con el objetivo final de que disminuyan los embargos y ejecuciones hipotecarias.

Con la nueva ley se refuerza la transparencia de las hipotecas, obliga a la entidad financiera a facilitar al cliente todas las ofertas existentes en el mercado, facilitándole una copia del contrato antes de la firma y garantizándole un plazo de reflexión de siete días tras esta para que pueda retractarse.

Además, elimina los recargos por amortización anticipada, recoge la posibilidad articular la dación en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar un crédito hipotecario), insta a dar un plazo tolerante antes de iniciar un procedimiento de desahucio y limita los intereses de demora.

Materia esta última en la que el Tribunal Supremo tuvo que volver a intervenir la pasada semana para topar en el 2% las penalizaciones hipotecarias al juzgar un caso en que se cobraba un 19%.

La directiva también da poderes a la banca para acceder a más información del particular antes de darle un crédito, evitando concesiones "irresponsables", como las acaecidas en el pasado.

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