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La Fiscalía Provincial de Córdoba se tendrá que pronunciar sobre la denuncia presentada por la Junta de Andalucía en relación al presunto incumplimiento de las entidades bancarias del Código de Buenas Prácticas.

Lo tendrá que hacer en respuesta a la reclamación presentada, poco antes de las pasadas Navidades, por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, sobre el tratamiento de las entidades financieras BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank a deudores hipotecarios supone un ilícito penal.

Se quiere con ello evitar que se siga incumpliendo el Código de Buenas Prácticas recogido en el real decreto de Medidas Urgentes de Protección de Personas sin Recursos, y su posterior modificación de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social.

La denuncia hace referencia a las “novaciones al amparo del Código de Buenas Prácticas que pretenden dar transparencia a cláusulas suelo recogidas en la hipoteca objeto de reestructuración; imposición de la obligación de estar al corriente de pago de las cuotas hipotecarias para acogerse al Decreto; inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sin dar cumplimiento al Decreto ni atender las medidas previas al mismo recogidas en él”.

En el documento también se alude a al hecho de que las entidades financieras imponen la obligación del pago de los costes de formalización de la escritura pública, la imposición de la obligación a la firma préstamos personales de estar al corriente de pago aun cuando traigan causa de un incumplimiento anterior de la propia entidad, o el  incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al Código.

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, en octubre de 2012 para evitar desahucios e intermediar ante las entidades financieras.

Aunque es de estas cinco entidades financieras sobre las que se aportan casos concretos, se trata de un incumplimiento muy extendido del Código de Buenas Prácticas en el conjunto de las entidades.

La denuncia busca pues la corrección de estas actitudes por parte de determinadas entidades bancarias, de cara a reforzar el marco de protección de los deudores hipotecarios sin recursos. El Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria, pero de obligado cumplimiento.