Inmodiario

Este jueves, 16 de octubre, finaliza el plazo dado por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid para que el Ministerio de Fomento presente un convenio acreedores, con plan de pago de deuda incluido, para las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid.

Será el punto de partida definitivo para acabar en el definitivo rescate de estas y otras autovías en quiebra, con esos 3.800 millones de deuda financiera. Y todo pasa, tras la reforma acometida en la Ley Concursal, por acumular todos los concursos de acreedores en uno solo.

La sociedad concesionaria de estas dos autopistas radiales acababa de entrar en la fase final del concurso de acreedores en que se declararon a finales de 2012, según el auto del pasado 16 de septiembre que ponía fin a la fase común del concurso e iniciaba la de convenio. 

Se trata de la segunda vía que llega a esta fase concursal final tras la de la AP-36 Ocaña-La Roda. No obstante, es la primera que entra en fase de convenio tras la reforma de la Ley Concursal que el Gobierno aprobó el pasado 5 de septiembre.

En el auto, el juez mercantil indicaba que, según dicha reforma de la ley, en el plazo de un mes, el que vence el próximo 16 de octubre, “podrán presentar convenio de acreedores las administraciones públicas". Asimismo, indicaba que "puede condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales, en su caso, acumulados".

Una vez que el 16 de octubre concluya el plazo para presentar un plan de pago de deuda, el auto establece un nuevo periodo de un mes para que los acreedores se pronuncien y, en su caso, adhieran, al mismo.

De esta forma, se daría un importante paso en el plan que el Ministerio de Fomento ultima para rescatar a la autopistas en quiebra integrándolas en una nuevas sociedad pública, tras previamente cerrar con la banca un pacto para aplicar una quita de deuda del 50% y titulizar el resto en un bono a treinta años.

Para concluir este rescate, el Ejecutivo trabaja en dos frentes. Por un lado, redacta un Real Decreto Ley que otorgue cobertura legal a la nueva sociedad pública que aglutinará las autopistas, y por otro en la acumulación de los concursos para lograr la referida solución a toda la deuda.
Finalmente quedará fuera de la sociedad pública de autopistas la de Alicante-Cartagena, al pactar sus accionistas (Ploder, Grupo Fuertes, Unicaja, Caja Murcia y Cajamar) un acuerdo con los bancos acreedores, que pasa por una quita del 30% a la deuda de 240 millones de euros.