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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), puso en marcha una campaña para exigir a las entidades bancarias que asuman las obligaciones aceptadas en los contratos de préstamo hipotecario, en concreto, las que resultan de la cláusula que regula el tipo de interés aplicable. OCU reivindica que se cumplan los contratos, y que por tanto se aplique el interés que resulte de la suma de índice más el diferencial aplicable, aunque el resultado sea negativo.

OCU se dirigió a las principales entidades bancarias de nuestro país, para que nos informaran si están aplicando los intereses negativos cuando proceda, sin que, a la fecha de la presente, se haya recibido respuesta alguna de las financieras.

Desde OCU queremos ayudar a todos aquellos titulares de un préstamo hipotecario en cuyo contrato se ha establecido un tipo de interés variable, referenciado al Euríbor e incrementado con un diferencial, para que se les aplique el resultado de esta operación matemática y no un tipo del 0%, incumpliendo el contrato.

Según cálculos efectuados por OCU, los consumidores están pagando entre 130 euros y 160 euros de más al año. Si por ejemplo tenemos en cuenta una hipoteca referenciada al Euribor+0,33%, con un capital pendiente de 100.000 euros, aproximadamente, donde resten 10 años de amortización, que le correspondiera la revisión anual en el mes de marzo de 2021, utilizando el Euribor de febrero de 2021 (-0,501%), le correspondería pagar un interés de -0,171%. Si la entidad limitara el tipo de interés al 0%, el perjuicio ascendería a 163,10 euros.

Desde la organización de consumidores tachan de intolerable que el banco se invente una condición según la cual el interés se reduce como mucho a cero, por este motivo, anima a los usuarios a reclamar que se aplique el contrato y se devuelva el importe pagado de más.

Para ello, la OCU pone en marcha ahora la segunda parte de la campaña, que consistirá en una mediación ante las entidades bancarias y, si no hay otra opción factible, la defensa ante los tribunales de lo que consideran legítimos intereses de los hipotecados.

Así, la organización llama nuevamente a la sensatez de las entidades bancarias y a su buena fe para que cumplan lo que han pactado y no avoquen a miles de usuarios a un procedimiento judicial eterno, con el mayor gasto económico que conlleva para todos los operadores del mercado.