Inmodiario

La entidad sostiene que el informe de la CNMC demuestra un gran desconocimiento de la intermediación inmobiliaria, pues aboga por la liberalización en un momento en que las administraciones están poniendo en marcha diferentes medidas regulatorias

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) respeta pero no comparte el informe emitido por la CNMC y filtrado a la prensa acerca de la modificación de los Estatutos Generales de la entidad. El Consejo General API muestra su extrañeza por el hecho de que la CNMC no se haya movido un ápice de sus planteamientos y siga sin tener en cuenta la lección sobre mercado inmobiliario y sus catastróficas consecuencias que nos ha dado la experiencia, todavía reciente, y que acabó con infinidad de demandas por abusos e incumplimientos en los contratos inmobiliarios y masivas ejecuciones y desahucios de ciudadanos.

El Consejo General API considera que la liberalización de las actividades profesionales debe ser bienvenida, pues fomenta la competencia, abarata costes y estimula el crecimiento, pero hay circunstancias que diferencian claramente el mercado inmobiliario de otros ámbitos. "No estamos ante un mercado de mercaderías, sino de un bien de carácter social y que representa la mayor inversión en la vida de casi todos los ciudadanos. La propia Constitución recoge el derecho de todos los españoles a disponer de una vivienda digna, por lo que un mercado salvaje sin la garantía de derechos que aporta un Colegio profesional sólo contribuye a dificultar aún más el acceso a la vivienda", señala Diego Galiano, presidente del Consejo General de Colegios API.

Además, la entidad deja claro que el informe de la CNMC muestra un gran desconocimiento de la situación actual de la intermediación inmobiliaria, ya que aboga por una liberalización total en el momento en que las diferentes administraciones están regulando el mercado mediante la creación de registros autonómicos de agentes inmobiliarios en varias autonomías, en muchos casos de carácter obligatorio.

El Consejo General API deja claro que el mercado inmobiliario tiene unas tendencias que conviene corregir: la opacidad o falta de transparencia, la asimetría informativa, la especulación, la desprofesionalización y ausencia de garantías de quienes operan en el mismo o la inseguridad en la fase de negociación de los contratos, que es cuando se requiere la información para la toma de decisiones.

Además, no se trata de un mercado como el de los bienes de consumo, en el que el consumidor pueda optar por el cambio de profesional ante una mala experiencia anterior ya que su economía se lo impedirá. Por ello, cuando todo ciudadano acude al mercado inmobiliario (de media, un par de veces en su vida) los errores de elección no depuran a los no profesionales y éstos, además, lo saben.

Por ello, el Consejo General API recuerda que las denuncias por perjuicios al consumidor en el ámbito inmobiliario están a la orden del día, sin olvidar que se batieron todos los récords en la época del boom inmobiliario. "La liberalización total ha llevado a miles de familias a la ruina o a no poder acceder a una vivienda en compra o alquiler, una situación que las administraciones han advertido y han comenzado a corregir a través de varias medidas regulatorias", dice Galiano.

En cuanto a los colegios profesionales, el Consejo General API critica que la CNMC no se conforme con la liberalización del ejercicio de la intermediación inmobiliaria impuesta en el año 2000 suprimiendo la obligatoriedad de la colegiación, lo que, por definición, elimina toda restricción al ejercicio profesional. Así, cualquier persona puede operar en un mercado inmobiliario complejo desde el punto de vista administrativo, técnico y jurídico por razón de su objeto y que supone la mayor inversión que asume todo ciudadano al quedar hipotecado de por vida. "Es inconcebible que la CNMC proponga que desaparezcan los Colegios que, entre otras cosas, exigen titulación (capacitación) y velan por la profesionalización de sus integrantes, amparan por ley al consumidor y se preocupan de que sea la seguridad jurídica la que presida un mercado con tendencias poco gratificantes", sostiene. Galiano se pregunta por qué es obligatorio que quien diseña una vivienda esté colegiado y cuente con un seguro y no quien va a vender esa vivienda, ya que son dos elementos fundamentales del mismo proceso.

"Es increíble que la CNMC proponga que no haya seguro de responsabilidad civil frente al ciudadano perjudicado; y, por proponer, hasta que no se exija nada, y nada es nada, para operar en el mercado. Por poner un ejemplo, a la CNMC le parece bien que un ciudadano vaya a un bar, le entregue a una persona que no sabe leer ni escribir 3.000 euros como señal, firme un contrato en una servilleta y que, si hay cualquier problema, pueda desaparecer con el dinero sin problema", explica Galiano.

Es curioso cómo esta propuesta liberalizadora se escuda en Europa cuando la actividad de intermediación está regulada en casi todos los países de nuestro entorno, lo que se justifica por la necesidad de dotar al mercado de transparencia y seguridad en el suministro de información que requiere (urbanística, jurídica, registral, catastral, técnica, fiscal, de comunidad de vecinos, eficiencia energética, inspección técnica……), el cierre del círculo de la seguridad jurídica preventiva en el ámbito de la contratación inmobiliaria, la protección del consumidor y usuario y la evitación del agiotaje y la estafa ¿Parece poco interés general? En este sentido, los API dan por supuesto el respeto al asociacionismo, pero, precisamente la liberalización debe permitir todas las opciones, incluso la colegial.

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