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El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante pide a la Generalitat Valenciana la creación de forma urgente de un registro regional de agentes inmobiliarios, al igual que han aprobado otras autonomías en los últimos meses. Los API dejan claro que los consumidores de la región sufren una indefensión en sus derecho en comparación con los ciudadanos de otras zonas del país, que ya pueden acudir a profesionales inmobiliarios a los que se exige una serie de requisitos para poder ejercer su actividad.

Además, los API exigen que el registro sea de adscripción obligatoria, al igual que sucede en Cataluña, País Vasco o Andalucía, y no meramente voluntarios como se ha establecido en Madrid y Navarra. "La autorregulación, es decir, los registros voluntarios, es un primer paso que está bien, pero es a todas luces insuficiente para el colectivo API. Estamos hablando de una materia muy sensible como es la vivienda, la inversión más importante que hacen muchas familias, y es fundamental que los profesionales que intervienen en este proceso cuenten con una regulación clara que proteja a los consumidores en todos los casos", señala Marifé Esteso, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante.

Los API están convencidos de que estos registros obligatorios irían en beneficio de los consumidores y del conjunto de los profesionales inmobiliarios, cuya actividad contaría por un importante aval y se podrían desmarcar de aquellas personas que ejercen la intermediación sin profesionalidad. "Han pasado casi 20 años desde la total desregulación de este sector y desde entonces ha habido numerosos problemas para los profesionales y los consumidores, que han tenido que tratar con agentes sin la cobertura de un seguro o que desaparecen de la noche a la mañana sin dejar rastro", explica.

La aspiración de los API va más allá, pretendiendo que se vuelva a reconocer a nivel nacional un título oficial API, no exclusivo ni excluyente, pero que unifique al cuerpo inmobiliario, así como que se apruebe una ley de intermediación inmobiliaria de ámbito estatal. Pero mientras eso llega, es muy positivo que todas las comunidades autónomas legislen en protección básica a consumidores de vivienda, ya que no tiene sentido que un consumidor cuente con esta garantía en Barcelona y que carezca de ella quien se encuentre en Alicante.

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