Dircom del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMADRID), corporación de derecho...
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El pasado mes de junio el Gobierno publicaba la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, un esperado documento que da cumplimiento al artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE y en el que el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) ha colaborado activamente. Sobre este importante análisis del parque inmobiliario y la rehabilitación como actividad emergente nos aporta su visión Albert Cuchí, reconocido arquitecto, profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña. Forma parte del GTR, con el que ha realizado tres informes específicos sobre rehabilitación en España en los últimos años. En 2014, ha sido presidente del Congreso Mundial de la Edificación Sostenible (WSB 14) celebrado en Barcelona.

¿La estrategia a largo plazo para la rehabilitación va por el buen camino?

La estrategia española es un instrumento decisivo por cuanto es un plan con objetivos y alcances que traza una trayectoria que determina cuándo la rehabilitación energética es económicamente viable para cada edificio del parque, y lo hace en función de unas condiciones (profundidad de la rehabilitación, coste de las obras, coste de la energía, tipos de interés, plazos de préstamos, inversiones públicas, etc.) cuya variación define los escenarios de la estrategia.

Esa trayectoria, combinada con las necesidades de rehabilitación por cuestiones de conservación y de accesibilidad, permite que cada agente del sector pueda tomar sus decisiones con la máxima eficiencia económica –incluyendo las inversiones de la administración-  permitiendo definir un mercado a largo plazo a medida que la estrategia se decante hacia un escenario  de referencia.

En ese sentido, ahora toca actuar para que ese escenario de referencia se encuentre entre los más ambiciosos, y que la trayectoria que determine se defina aún con mejor aproximación a escala autonómica o municipal. La estrategia española ha sido de las mejor valoradas por un organismo europeo independiente y ahora toca aprovecharla.

Una vez que el Gobierno ha publicado la normativa necesaria para impulsar el sector queda solo aplicarla, ¿cuál es el mejor camino para materializar una realidad que ya existe sobre el papel?

Los cambios normativos –y en concreto la Ley de la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, más conocida como la Ley de las 3R- sirven para abrir cauces, para romper rigideces que impiden o dificultan el desarrollo de un sector de la edificación dirigido hacia la rehabilitación. Es pues, condición necesaria aunque no suficiente para que la rehabilitación se ponga en marcha. Y cuando lo haga, se descubrirán nuevas rigideces –o se pondrán de manifiesto algunas que ya se conocen- y deberá continuar adaptándose el marco normativo.

Naturalmente, en este escenario los aspectos relativos a la financiación son determinantes, y cómo hacer que las inversiones y ayudas públicas se articulen entre ellas y con los fondos privados de la forma más eficiente es una cuestión clave, pero hay más temas, como la conciencia de los diferentes agentes en reconocer su papel en la rehabilitación y formarse y orientarse adecuadamente para cumplirlo con eficiencia. Y ahí entran las industrias, las empresas del sector, los técnicos, los administradores de fincas, en fin, todos. Y, principalmente, los usuarios.

En este sentido, ¿cree que ha mejorado la información o la campaña recién iniciada por el Gobierno puede llegar a confundir al usuario?

El usuario es el factor clave. No dudo en absoluto que un usuario adecuadamente informado es la mejor herramienta para un sector de la rehabilitación solvente y eficiente. Pero no es fácil convencerlo y más en un sector –como el de la edificación- que tiene una gran responsabilidad en la crisis tanto a escala nacional como en las cuentas de muchísimas familias.

Por otra parte, no hemos sido capaces de explicar e instaurar adecuadamente herramientas decisivas como son la ITE o la certificación energética, que se han implantado sin rigor en muchos casos, y que son vistas más como un impuesto que como un recurso para mejorar la calidad de las viviendas. Hay que corregir eso y hay que mejorar la calidad de la información y las acciones que se llevan a cabo en ese ámbito. Entiendo que la campaña que ha puesto en marcha el Ministerio de Fomento forma parte de esas acciones.

Hay quien dice que es mejor tirar un edificio antiguo y levantar uno nuevo eficiente antes que rehabilitar energéticamente el primero, ¿está de acuerdo?

Debería hacerse una evaluación de costes en cada caso para hacer esa afirmación. Y si se consideran costes económicos y ambientales dudo que, en la mayor parte de los casos, sea rentable derruir la edificación existente.

En ese sentido, el planeamiento es una herramienta determinante para valorar el parque existente. La edificabilidad y los usos son factores clave –junto a la protección del patrimonio- para poner en valor la eficiencia económica del parque existente o declararlo en ruina.

¿Por qué no existe un Plan Pive de la rehabilitación?

Es importante encontrar el mecanismo que resulte más eficiente económicamente para trasladar a la escala micro –a cada rehabilitación- los beneficios económicos que a escala macroeconómica se obtienen de la eficiencia energética, como son la reducción de importaciones de combustibles fósiles y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como los beneficios fiscales de un incremento de la actividad económica y de reducción del paro.

Es por ello que debe hablarse de inversión pública más que de ayudas: las ayudas son subsidios a las familias cuya renta no les permite acceder a una vivienda digna y adecuada, mientras la inversión genera unos retornos constatables para el Estado. En el sector de la automoción eso es el Plan Pive, y para el sector de la rehabilitación, la Estrategia Española para la Rehabilitación contiene, en sus diferentes escenarios, diferentes porcentajes de inversión pública. Cómo se articule esa inversión –mediante reducciones del IVA, desgravaciones de la renta, ayudas directas, reducción de los tipos de interés, u otros- debe determinarse en función de su eficiencia económica.

¿Cree que los signos positivos en la construcción de obra nueva pueden volver a relegar a la rehabilitación a un segundo plano?

No son antitéticos, en realidad deben ser dos sectores independientes que se complementen en procurar la habitabilidad socialmente necesaria. Siempre existirá necesidad de nueva construcción, pero cabe esperar que ajustada a las necesidades sociales. Lo que sí es cierto es que todos queremos evitar el resurgimiento de un sector especulativo que deprede el territorio, sea consumidor voraz de recursos, alimente la corrupción y genere burbujas financieras que, finalmente, arruinen a las familias y a la sociedad en su conjunto. 

¿Rehabilitar por barrios es más beneficioso que intervenir únicamente en edificios?

Indudablemente. Las sinergias que pueden obtenerse a escala de barrio son muy grandes, y merece el reconocimiento que muestra la ley de las 3R a esa escala. Además permite una mayor participación social y hacer política –en el mejor de los sentidos- en la mejora de la calidad de vida de las personas en algo tan cercano como su hogar y su barrio. Pero requiere afinar los instrumentos de gestión frente a una intervención a escala de edificio que está hoy consolidada. La evolución del sector de la rehabilitación acelerará la opción de intervenir a escala de barrio.

¿Qué papel ha jugado realmente la rehabilitación energética en 2014?

La de expresar más que nunca su necesidad. Según el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) aumenta la pobreza energética –recuerden que articula tres factores, el coste de la energía, la renta de la familia y la eficiencia energética de la vivienda que ocupa-, y sigue nuestra dependencia energética del exterior. Por suerte, la coyuntura nos proporciona una bajada del precio del petróleo que puede ahorrarnos este año más de 3.000 millones en nuestra balanza de pagos. Por cierto, ¿en qué deberíamos invertir ese ahorro? ¿No deberíamos destinar una parte a eficiencia energética para irnos liberando de esa dependencia? ¿No deberíamos destinar algo de ello a la rehabilitación energética de nuestras viviendas?

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