Dircom del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMADRID), corporación de derecho...
Inmodiario

Cuando se han cumplido dos años del terremoto que asoló Lorca, la ciudad continúa mostrando los solares vacíos de cerca de 40 edificios que no han iniciado su reconstrucción.

De las 40.000 viviendas afectadas, el 95% ya han sido rehabilitadas. Sin embargo, “la reconstrucción de los 1.400 inmuebles que tuvieron que demolerse requiere más tiempo”, asegura el Ayuntamiento de Lorca, que cifra en 460 las viviendas que ya están en fase de reconstrucción. “Además, tres edificios se entregarán entre junio y julio de este año”, añade.

Hasta el momento hay más de 1.000 viviendas que cuentan con licencia de reconstrucción, que son concedidas, según el consistorio lorquino, en 10 días desde que se presenta la documentación completa y conforme a la normativa vigente.  Y aún así dos años después del seísmo nos encontramos con una ciudad que sigue en fase de rehabilitación. ¿Por qué? “El gran drama de Lorca ha sido necesitar la unanimidad de todos los propietarios para poder reconstruir los edificios, no pudiéndose priorizar el bien común y el derecho a la vivienda”, cuenta Iván Gea, administrador de fincas colegiado en la zona. Opinión que comparte el Ayuntamiento: “Una de las trabas ha sido la falta de acuerdo en las comunidades de propietarios debido a la exigencia legal de llegar a un acuerdo unánime entre los propietarios para iniciar las obras”.

Desbloqueo legal

Salvar los escollos urbanísticos que conlleva las exigencia de una nueva construcción con respecta a la antigua también ha retrasado el inicio de las obras. Una mayor amplitud de los patios de luces que provoca la reducción de las viviendas o la forma de “cuadrar” la construcción de un sótano sin que pierda metros el local comercial que antes existía son algunos de los ejemplos señalados por los administradores de fincas.  “Simplemente llegar a un consenso entre los propietarios a la hora de elegir arquitecto o constructora se ha convertido en una odisea”, apunta Gea, que administra 20 comunidades en esta situación.

Asimismo, “algunos propietarios, una vez recibieron las indemnizaciones del seguro, decidieron comprarse otra vivienda y abandonar la destruida”, aclara el ayuntamiento.  Problema que, según reconoce, se ha desbloqueado con la aprobación en 2012 de la Ley de Reedificación Forzosa que ha permitido que las viviendas abandonadas hayan sido compradas por la empresa constructora o por la propia comunidad de propietarios. El Ayuntamiento sólo ha tenido que actuar en una ocasión para expropiar un inmueble.

Las indemnizaciones, en entredicho

Por lo que respecta a las indemnizaciones, los últimos datos aportados por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), confirman que a 24 de abril de este año el CCS ha registrado 28.978 solicitudes por daños materiales en viviendas y comunidades de propietarios, de las que ha gestionado 28.938, es decir, el 99,9% de las recibidas. Cifras que suman un importe superior a los 377 millones de euros y que  son discutidas por los administradores de fincas, ya que, según dicen, “no concuerdan con la realidad”. A juicio de Gea, “hay muchísimos más expedientes en proceso de reclamación de los que contempla ese 0,1% no gestionado”.

En función de los plazos de resolución, “ha habido una Lorca a dos velocidades”, comenta el administrador. Por un lado, la de las comunidades de propietarios que resolvieron rápidamente (en cuestión de meses) sus seguros y han ejecutado las obras y, por otro, la de aquellas comunidades a las que no se les aceptan mucho de los daños como indemnizables.

Actualmente puede haber entre un 15 y un 20% de comunidades, correctamente aseguradas, que siguen con el expediente pendiente de resolver, calculan los administradores de fincas de Lorca.

Entre los edificios afectados se encuentran aquellos que han llevado una tramitación más lenta y siguen a la espera de que el Consorcio revise la documentación solicitada y sus informes; inmuebles que, al iniciar las obras de rehabilitación, han ido descubriendo más daños; e incluso edificios que han obtenido decreto de ruina en 2012, fuera del periodo de emergencia de los meses posteriores al sismo.

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