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La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que agrupa a 19 empresas, considera que las razones sanitarias y de seguridad de empleados y clientes deben ser los únicos motivos que determinen la reapertura de los establecimientos comerciales.

Es decir, todas las tiendas que cumplan los requisitos necesarios de distanciamiento social, aforo, prevención e higiene requeridos por la autoridad sanitaria deberían poder abrir sus puertas en la Fase I del Plan para la transición hacia una nueva normalidad presentado por el Gobierno.

El Plan ya recoge una serie de límites de aforo en las tiendas y de distanciamiento que perfectamente pueden garantizar nuestras empresas, que llevan semanas trabajando en esta vuelta segura de clientes y empleados.

En ese sentido, queremos aportar toda nuestra experiencia y capacidad para velar por el interés general, que no es otro que recuperar cuanto antes la actividad económica con las máximas garantías de seguridad para la población.

En opinión de ANGED, la vuelta del comercio y su cadena de valor resulta un elemento fundamental. Las empresas de la asociación, que llevan más de seis semanas cerradas, tienen en estos momentos en torno a 100.000 empleados en proceso de ERTE y de la reapertura de tiendas depende la vuelta a la actividad de miles de proveedores (seguridad, limpieza, logística o servicios profesionales) y empresas industriales, en su mayoría pymes.

Con anterioridad al anuncio del plan de desescalada, la patronal de las grandes superficies ya había mostrado su disconformidad respecto al paquete de estímulos fiscales aprobado por el Ejecutivo, al entender que tenía que llegar al conjunto del tejido productivo, no sólo a pymes y autónomos.

Entienden que, si se debilita la posición de las grandes empresas, también lo harán sus cadenas de producción y valor, de las que dependen miles de pymes. Las grandes empresas son, además, el pilar de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera y la innovación.

Por otro lado, creen que las líneas de avales para garantizar la liquidez de las empresas son positivas si se ejecutan de una forma eficiente y rápida. Pero resultan totalmente insuficientes.

Creen que es necesario impulsar beneficios fiscales como las que se han impulsado ya en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia o Portugal, así como rebajas en las cotizaciones sociales para amortiguar la pérdida de empleos.

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