Inmodiario

Lo que faltaba. Después de años de idas y venidas acerca del proyecto de la multinacional sueca IKEA de implantarse en Alicante, y cuando ya todo parecía que finalmente se había solucionado, el cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha vuelto a llenar de dudas la actuación prevista en el barrio de Rabassa.

Los nuevos responsable autonómicos, con Ximo Puig como presidente y María José Salvador como la encargada a partir de ahora de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, no han tardado ni un minuto en abordar este asunto, para, en el primer consejo de Gobierno, ordenar la paralización de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Rabassa hasta que el nuevo Gobierno pueda reformularlo. El cambio en la alcaldía de Alicante, con la sustitución de la popular Sonia Castedo por el socialista Gabriel Echávarri, también ha pesado lo suyo en esta decisión.

Detrás de esta paralización se encuentran las eternas sospechas de que detrás de este proyecto existen fundadas razones de un aprovechamiento particular del empresario Enrique Ortiz. Y es, en ese sentido, en el que se quiere ahora incidir para evitar que, tal y como está planteado el proyecto, eso pudiera llegar a suceder.

Lo de Rabassa, por culpa de todas estas corruptelas, lleva ya una década dando tumbos por los despachos, tanto del Ayuntamiento de Alicante como de la Generalitat Valenciana. Entonces, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, el consistorio alicantino presidido por Sonia Castedo adjudicó a Alicante Avanza -controlada por Ortiz-, Bankia, La Caixa y la inmobiliaria Espacio de Juan Miguel Villar-Mir la urbanización de más de 4 millones de metros cuadrados del Plan Parcial de Rabasa, destinados a construir 13.500 viviendas.

El Gobierno valenciano lo refrendó pero los tribunales no. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo fue obstaculizando de manera sucesiva hasta en cuatro ocasiones.

En 2010, tras los descalabros judiciales, vuelta de tuerca con la entrada de IKEA en liza tras un supuesto acuerdo entre Ortiz y la multinacional sueca para que esta se implantara en la zona tras pagar más de 30 millones de euros por los terrenos donde emplazar una de sus macrotiendas.

El Ayuntamiento de Alicante aprobó el enjuague finalmente, reconvirtiendo la iniciativa en un parque urbano de 2,3 millones de metros cuadrados en el sector Lagunas de Rabassa. Incluyendo un área comercial de 400.000 metros cuadrados, de los que 300.000 serían para IKEA, 120.000 metros de suelo terciario para comercios, oficinas, restauración u hoteles y 140.000 metros para un parque industrial vinculado a la Universidad de Alicante. Quedando los restantes 820.000 metros cuadrados como reserva para recuperar las lagunas.

Hace un año, con vistas a acelerar el desarrollo la Generalitat Valenciana incluyó el proyecto como ATE, con el sustento de esa inversión de 400 millones de euros que tantas consecuencias positivas iba a ofrecer. Ahora, todo queda otra vez en el aire.