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La Generalitat de Cataluña impulsa la venta de los primeros créditos de gases de efecto invernadero provenientes de proyectos de reducción de emisiones realizados por entidades sociales que actúan en la región.

Se cierra así el ciclo del Programa voluntario de compensación de emisiones, emprendido por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, a través de la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC), dirigido a entidades sociales que quieren impulsar proyectos favorables a la reducción de CO2 en Cataluña, y a organizaciones que quieren compensar una parte de sus emisiones comprando las reducciones ahorradas a través de estos proyectos.

1 tonelada de CO2 reducida = 1crédito

Los 4.256 créditos que se han puesto a la venta ?equivalentes a 4.256 toneladas de CO2, que es el que emiten 4.256 coches que circulan 10.000km el año? corresponden a las reducciones logradas por proyectos ejecutados entre el 2016 y el 2017 y que el OCCC ha verificado durante el 2018.

Cada crédito tiene un precio de 10 euros, que es el importe que cobra la entidad promotora para compensar parte de la inversión. Las acciones realizadas gracias a los proyectos van desde las destinadas a evitar el derroche alimentario; a sustituir calderas de gasóleo o propano por otros de biomasa o por placas solares; a mejorar el comportamiento energético de los edificios; a sustituir vehículos de gasóleo por otros de eléctricos; o la instalación de 'district heatings' o islas de calor con renovables.

Todas estas mejoras las han ejecutado la Fundación Banco del Alimentos -delegaciones de Barcelona, Lleida y Girona-, Ecosol economía solidaria, la Fundación Santo Hospital de la Seu d'Urgell, la Fundación Autismo Mas Casadevall, la Fundación St. Paul's, la Fundación la Caridad y la Fundación El Valle.

Las personas o empresas que quieran compensar las emisiones de GEH derivadas de su actividad pueden hacerlo a través de SendeCO2, Sistema Europeo de Negociación de CO2, uno de los referentes de la compra y venta de derechos de emisión del sur de Europa desde el 2004. Quién adquiera los créditos recibirá un certificado oficial de compra y cancelación de créditos de GEH del Programa emitido por la Oficina Catalana del Cambio Climático.

El certificado garantiza que la reducción de emisiones se ha hecho siguiendo una metodología estricta, con estándares internacionales, asegurando la adicionalidad y evitando doble contabilidad. Además, comprando créditos en este programa también se asegura que el proyecto ha tenido un impacto social beneficioso para el conjunto de la sociedad catalana.

Diferentes mercados de carbono

Estos créditos no serán válidos para dar cumplimiento a la Directiva de Comercio de derechos de emisión, que tiene una regulación específica y comercia con unas toneladas de carbono determinadas con unos precios concretos, derivados de las políticas europeas que se han implementado.

El mercado de carbono voluntario no se basa en el cumplimiento de una regulación normativa sino que, las empresas que adquieren créditos lo hacen en un marco de responsabilidad social corporativa.

Dentro de estos mercados voluntarios hay diferentes tipos de créditos, que varían según la bondad del proyecto, la fiabilidad y trazabilidad de la venta o la reputación de la entidad promotora.

En función de estas variables, encontramos diferentes precios, desde los CERs -proyectos desarrollados dentro del marco del Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas- que se pueden adquirir a 0,21 euros la tonelada, a otros de reconocido prestigio internacional que pueden llegar a los 8, 9 o 12 euros la tonelada.

Emergencia climática

El Gobierno de Cataluña voz con preocupación los impactos que el cambio climático tiene y tendrá en Cataluña y en todo el planeta y entiende que es necesario tomar una mayor conciencia del peligro que representa, tal y como la comunidad científica está alertando de forma continuada.

De hecho, además de los efectos evidentes sobre los ecosistemas, los efectos previsibles del cambio climático pueden perjudicar notoriamente nuestra economía productiva, desde la afectación negativa en el funcionamiento y el mantenimiento de muchas infraestructuras a importantes alteraciones de los entornos en que se desarrollan actividades como el turismo, la producción agropecuaria o toda la industria con demandas intensivas de agua o de energía.

Es por eso que el Gobierno ha querido unirse a las instituciones políticas de todo el mundo que han declarado formalmente una emergencia climática y ambiental para lograr los objetivos en materia de mitigación y adaptación establecidos a la Ley del cambio climático, aprobada el verano de 2017.

El programa voluntario de compensación de emisiones apuesta por acciones de mitigación a la vez que apela a la implicación de la sociedad en la lucha contra el cambio climático.

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