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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático, que elevará al máximo rango jurídico los planes que la Junta desarrolla desde 2002 contra los efectos de este fenómeno.

La ley se convertirá en un eje de las políticas de la Administración autonómica, supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas 'emisiones difusas', que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen europeo del comercio de derechos de emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo mínimo de reducir un 18% en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.

El proyecto, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación definitiva, establece cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan contaminación difusa, fundamentalmente el transporte, el agrario, la edificación y la vivienda, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea.

Estas cuotas, denominadas "presupuestos de carbono", serán revisables por el Ejecutivo andaluz en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de la normativa europea o estatal, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas incluidas en la ley.

El texto prevé también la puesta en marcha del Plan andaluz de acción por el clima, que marcará los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales.

El documento, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, contendrá los programas en estos ámbitos y en el de la comunicación, además de incluir el diagnóstico y las acciones que corresponda desarrollar a las distintas consejerías de Junta y a las administraciones locales, favoreciendo su sinergia con las del sector privado.

Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el texto incluye nuevos instrumentos obligatorios y voluntarios. Entre los primeros, de aplicación a las administraciones públicas y el sector privado, se encuentra el Sistema andaluz de emisiones registradas (SAER), un instrumento pionero en España que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo energético, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de la contaminación.

El SAER se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, dentro de dos años desde su entrada en vigor. Con carácter obligatorio, los establecimientos deberán disminuir sus emisiones según un plan de reducción basado en los valores de referencia establecidos.

En el ámbito voluntario, el proyecto de ley recoge la habilitación del Registro de la huella de carbono de productos y servicios, una herramienta para medir y comunicar las emisiones de los productos o servicios que se ponen en el mercado. En Europa los consumidores tienen como tercer criterio de compra el ambiental, por detrás de la calidad del producto y del precio. En este sentido, la medida favorecerá la responsabilidad ambiental de las empresas y su penetración en los mercados. Además, la inscripción en este registro se podrá incluir como parámetro de valoración de las ofertas en la contratación pública.

La nueva norma también contendrá instrumentos voluntarios para la compensación de emisiones de CO2 mediante su absorción por sumideros naturales vinculados principalmente a proyectos forestales, dada la capacidad de los bosques para absorber el carbono. Por su parte, los municipios con más de 50.000 habitantes de población vinculada (beneficiaria de los servicios municipales) deberán elaborar programas de cambio climático en el marco de sus competencias e incorporarlos a la planificación local.

Como instrumentos técnicos de referencia para la planificación y la toma de decisiones, se elaborarán los Escenarios climáticos de Andalucía y el Inventario andaluz de emisiones de gases de efecto invernadero, que incluirá datos de emisión por fuentes y de absorción por sumideros, y la Red de observatorios de Cambio Climático de Andalucía para la integración del conocimiento científico generado en los centros de investigación andaluces.

Finalmente, para coordinar estas políticas en el ámbito de la Administración autonómica, se crea una estructura administrativa integrada por el Consejo de Gobierno, una comisión interdepartamental sobre la materia, la consejería competente y la Oficina andaluza de cambio climático.