Inmodiario

Según el Ministerio de Fomento el parqué de viviendas en España se estima en casi 26 millones de viviendas a final de 2018; por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el número de viviendas que se alquilan son el 17% del total, siendo el régimen de propiedad el 76% y el resto otro tipo de cesiones gratuitas. En el contexto europeo, Alemania tiene un 48,30% de viviendas en alquiler frente a un 35,10% de Reino Unido y un 35% de Francia, según cifras de Eurostat relativas a 2016.

En un análisis de Raquel Díaz Guijarro y Alfonso Simón para Cinco Días, los grandes inversores solo disponen del 3% de la cartera de inmuebles alquilados, si bien es cierto que casi todos en las zonas calientes del alquiler -las grandes ciudades-.

La falta de estabilidad política que tenemos en el gobierno de España hace que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) haya cambiado desde diciembre de 2018 a marzo de 2019 hasta en tres ocasiones. Con el actual gobierno compuesto de ministros socialistas y "comunistas" declarados la previsión es que vengan más cambios legislativos y no solo en cuanto a limitación de rentas.

Según Daniel Sanz, de Mar Real Estate Madrid, "Si nos ceñimos a la exposición de motivos de la ley que regula los últimos cambios en la LAU, pareciera que las grandes empresas propietarias -que según publica Cinco Días tienen apenas el 3% del mercado de vivienda en alquiler- son el gran problema del precio del alquiler en España". El hecho es que en España se alquila la mitad de viviendas que en Europa: los números dicen que hace falta más oferta de vivienda y para eso "hace falta más seguridad en el cobro del alquiler y el desalojo de las viviendas para el pequeño propietario ahorrador sabedor que no va a cobrar una pensión por lo que ha cotizado durante toda su vida" sentencia Sanz.

¿Y si el problema fuera la desprotección del pequeño propietario?

A finales del pasado año se conoció el famoso caso de Esther Argerich: una propietaria de un piso en Barcelona a la que distintos políticos del partido Podemos -entre ellos Irene Montero, en la actualidad ministra del Gobierno de España- pusieron la guinda a la 'pesadilla' que vivió hasta recuperar la vivienda que tenía alquilada a unos inquilinos cuyo contrato venció y no renovaron.

La actual Ministra de Igualdad calificó en un vídeo en su perfil de la red social Twitter de "subida abusiva". Visto con números en la mano, pasar de una renta de 1.000 €/mes a 1.300 €/mes por un piso que está en el Eixample, con cinco habitaciones y 140 m2, que según idealista.com estaría rondando los 2.000€/mes, no parece una subida abusiva; más bien -a nuestro juicio- parece una oportunidad.

Este caso ha sido muy seguido en redes sociales, la propietaria fue perseguida y acosada, tanto por el Sindicato de Inquilinos, como por los propios inquilinos y políticos. Lo que subyace en las quejas que plantea la propietaria es que las administraciones -ante su imposibilidad de solucionar el problema de la vivienda- tienen una ley laxa que hace que sean los propietarios los que aguanten impagos y ocupaciones una vez finalizados los contratos sin poder hacer nada hasta meses o años que llegue el desahucio.

En una entrevista que concedió Esther Argerich para la Asociación Nacional de Asesores Inmobiliarios Mar Real Estate nos transmite su gran estado de angustia y nerviosismo "Es como una pesadilla. Nunca pensé que unos inquilinos me llegaran a hacer todo esto; los traté bien, el alquiler que tenían era por debajo de mercado; han propagado datos personales que no tenía que saber todo el mundo".

El estado de ánimo de Argerich estaba muy bajo "dos hijos menores, mi pareja ingresada por una grave enfermedad. Me cuesta dormir por las noches y cuando salgo a la calle voy mirando a ver si me han puesto pancartas o algún folleto" relata la propietaria. Las presiones que sufrió han ido desde cartas, folletos en los buzones de los vecinos de su inmueble, concentraciones en la inmobiliaria que gestionaba su vivienda, concentraciones delante de la puerta de su lugar de trabajo. Al final las presiones han acabado en depresión, "He intentado aguantar lo que he podido, pero llevo ya dos bajas laborales; las coacciones han sido continuadas durante un año: es una pesadilla" afirma Argerich.

"La desprotección al propietario es total"

Esther Argerich considera que las leyes tendrían que cambiar "lo que no puede ser es que tengas inquilinos que no pagan, o bien no tengan contrato vigente y cueste más de un año para que desalojen la vivienda, eso sin contar deudas y desperfectos". Según relata, el Sindicato de Inquilinos se dedica a ir a todos los desahucios para pararlos y asesorar a los inquilinos dando todas las opciones legales para alargar lo máximo posible el procedimiento: no se van y no pagan, pero quieren negociar.

La Ley de arrendamientos urbanos considera que el arrendador -el propietario- tiene una capacidad de defensa de sus intereses mucho mayor que el arrendatario -el inquilino- pero como podemos comprobar en casos tan notorios no es esa la realidad que pretende regular en la Ley. De hecho, a la pregunta sobre si volvería a alquilar su vivienda alguna otra vez Argerich indica "Ahora estoy escarmentada y me pensaré dos veces antes de alquilar a alguien". Según Daniel Sanz "La experiencia de Mar Real Estate en estas situaciones es que el propietario acaba subiendo el precio para que le pudiera compensar situaciones como las de Argerich".

"¿Es democrático que una asociación y unos políticos le coaccionen?"

En su entrevista, Esther Argerich reflexiona sobre la democracia que estamos construyendo en España, "¿Es democrático que una asociación y unos políticos le coaccionen? ¿Que quieran la expropiación de tu inmueble es democrático? Supongo que es más fácil hacer eso que solucionar el problema de la vivienda con medidas sociales positivas". Argerich en sus palabras indica que son las políticas públicas con el capital público el que tiene que solucionar el problema de la vivienda y no los propietarios uno a uno.

Según Sanz, de Mar Real Estate "¿cuántas viviendas saldrían más al mercado si las soluciones con inquilinos conflictivos durasen solo 24 horas? Eliminaríamos lo que llamamos 'Riesgo Inquilino' y un pequeño propietario estaría seguro de alquilar". No es incompatible que se puedan hacer políticas sociales sin perjudicar los derechos de otras personas, como a los propietarios minoritario -que representan el 97%- según cifras que se extraen del estudio llevado a cabo por Raquel Díaz Guijarro para el diario Cinco Días.