Editor de InmoDiario.
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Madrid. El pasado miércoles 12 de mayo de 2010, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se veía obligado a reconocer la gravedad de la situación económica española. No lo hacía por convencimiento ni por sentido de Estado, sino obligado por la presión de distintos dirigentes internacionales, especialmente de la canciller Merkel, el presidente Sarkozy y el presidente Obama. Parece que la llamada de este último fue decisiva para que Zapatero aceptase llevar a cabo un recorte del gasto público. Él, que en una actitud de profundo desconocimiento de lo que es la educación y las buenas maneras, permaneció sentado ante el paso de la bandera de Estados Unidos en el desfile de la fiesta nacional de 2003, tiene ahora que agacharse y pasar por el aro que el mandatario norteamericano le impone.

Una política nefasta

Zapatero dilapidó la mejor herencia económica de toda la historia de España: un país con ritmos de crecimiento del PIB superiores al 3%, cinco millones de puestos de trabajo creados en ocho años, una renta per cápita con un poder adquisitivo 3.000 euros mayor en ese periodo, una reducida tasa de paro, las pensiones garantizadas por Ley y respaldadas por un fondo de reserva de la Seguridad Social, una deuda pública baja y de la máxima calidad, al nivel de la deuda alemana, equilibrio presupuestario, una deuda externa controlada y una sociedad próspera y dinámica, fundadora del euro y envidia de Europa; todo ello conseguido gracias al trabajo de todos los españoles y a una política económica orientada hacia la generación de riqueza y empleo. Tras el acceso de Zapatero al poder, los acontecimientos negativos fueron tomando posición. Así, en los últimos seis años se ha producido un deterioro sin precedentes en la economía española. La caída más acusada y visible data de la segunda mitad de 2007 a la actualidad, pero entre esa fecha de inicio de la crisis y el año 2004, la economía española fue quedándose adormecida y anquilosada al estar ayuna de medidas reformistas que adecuasen nuestra economía a las posibles turbulencias que podían producirse.

Como el Gobierno de la Nación no hizo ninguna reforma, empeoró la competitividad en amplios sectores de la economía española. Pero durante los años de bonanza internacional ese hecho quedó oculto por el espejismo de un fuerte impulso de la construcción animado por unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas. Por eso, cuando se paralizó el sector de la construcción, el paro surgió en España a borbotones y se extendió rápidamente al resto de sectores productivos como consecuencia de un marco de relaciones laborales extremadamente rígido que impide una eficiente reasignación de factores productivos entre empresas y entre sectores.

Eso explica que, pese a caer el PIB lo mismo que en el resto de miembros de la eurozona, España haya llegado a ser responsable de más del 70% de los nuevos parados de la zona euro, lo que nos ha llevado a tener una tasa de paro que dobla la media europea.

Así, en agosto de 2007, tras el estallido de la crisis de las “subprime” en Estados Unidos, se inició una crisis financiera internacional, que en España se unió a una crisis económica nacional motivada por la ausencia de reformas que impidieron la necesaria flexibilidad de los mercados para que la especialización sectorial de la economía se adaptase a las nuevas necesidades del momento. La crisis financiera internacional sólo marcó el inicio de la crisis económica española, actuó como catalizador de ésta, pero no la motivó. Así quedaron al descubierto muchos problemas larvados durante los últimos años, en los que la continua pérdida de competitividad dejaba a España en una situación muy frágil. El elevado endeudamiento exterior, cuyo déficit por cuenta corriente llegó a superar en 2008 el 12% del PIB, y la deuda externa, que supera los 1,7 billones de euros, casi el 170% del PIB –cifras ambas que reflejan la escasa competitividad exterior y la baja productividad– situaron a la economía española en una situación muy vulnerable, máxime en un entorno internacional de restricción y encarecimiento de crédito.

Esta situación vulnerable hizo que las agencias de calificación empezasen a mirar con lupa la deuda española y que los principales organismos internacionales, como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial o la Comisión Europea solicitasen que la economía española fuese objeto de profundas reformas estructurales. Las rebajas en la calificación crediticia del Reino de España han arrastrado al alza los costes de financiación del conjunto de los agentes públicos y privados, haciendo así más duro el impacto de la crisis.

En este contexto, ante el desasosiego de los mercados por un posible contagio del problema griego, se requiere firmeza y solvencia por parte de las autoridades españolas. Desgraciadamente, el Gobierno de la Nación negó tantas veces la realidad que la credibilidad frente a los mercados ha quedado muy mermada.

España no es Grecia, pero las políticas de gasto público de los últimos años adoptadas por el Gobierno español distan mucho de las que necesita nuestra economía y se parecen a las que originaron en Grecia el problema que hoy está presente en la eurozona. Del mismo modo, las medidas impuestas desde el exterior a España se parecen más a las impuestas a Grecia que a las que voluntariamente están adoptando países como Francia o Alemania ante la misma crisis.

La situación económica requiere la adopción de una serie de medidas profundas que permitan que la economía española pueda volver a crecer y a generar empleo. Sin embargo, dichas medidas no han sido aplicadas durante los últimos años por el Gobierno socialista, elemento que ha originado que nuestra economía se encuentre hoy contra las cuerdas.

Las consecuencias de los errores y de la negación de la realidad

Nuestra economía no ha sido reformada en los últimos años, al tiempo que se incrementaba el gasto público de manera exacerbada. La política demagógica de Zapatero, anclada en el electoralismo, el buenismo y la irresponsabilidad han arrastrado a España hasta una situación difícilmente sostenible.

Esta errónea política se ha visto acompañada de una negación de la realidad. Zapatero, en agosto de 2007, declaraba a El País: “España está a salvo de la crisis financiera”. Pero la economía española ya mostraba síntomas de caída, y recogía el agotamiento del modelo que ya se percibía desde mediados de 2006.  El Gobierno elaboraba unos Presupuestos Generales del Estado para 2008 que eran de ciencia-ficción, con un crecimiento estimado de la economía del 3,3% y, en consecuencia, una evolución de los ingresos sobrevalorada.

Posteriormente, a los pocos meses de dichas manifestaciones, Zapatero iniciaba su precampaña electoral eligiendo el lema estrella de su campaña: “Por el pleno empleo”. No sólo negó la crisis, sino que prometió crecimientos del PIB por encima del 3% y la creación de dos millones más de puestos de trabajo.

En el arranque de la campaña se produjo el debate Solbes-Pizarro sobre la situación económica española. Manuel Pizarro expuso, uno a uno, los desequilibrios que tenía la economía española, las soluciones que necesitaba y señaló los errores acumulados en los anteriores cuatro años, con un insostenible crecimiento del gasto público estructural, financiado con ingresos coyunturales. Alertaba así Pizarro del peligro de endeudamiento que se cernía sobre la economía española, porque todo apuntaba a que se volverían, ante la caída de la economía, a generar grandes déficit públicos.

Pedro Solbes, culpable silente de esta crisis y responsable de la misma por aceptar representar en aquel debate una auténtica farsa desde el punto de vista económico, negó la mayor y dijo que, para él, “hablar de crisis era algo muy exagerado”. Meses después, tras colaborar en la ocultación de la realidad económica, con cientos de miles de parados más y anulado por el presidente del Gobierno, Solbes se marchaba con el dudoso honor de haber dejado hundida en
dos ocasiones la economía española. Eso sí, a modo de arrepentimiento, dijo aquello de “… dadas las limitaciones con las que hemos tenido que trabajar”.

Posteriormente, Salgado tuvo que rectificar los presupuestos elaborados por Solbes para 2009 cambiando el cuadro macro. Esperó a unos días después de las elecciones europeas de 2009, para que la rebaja de las previsiones no influyesen más en la derrota socialista en esa cita con las urnas y, por primera vez, el Gobierno admitió que se cerraría el año en una profunda recesión.

Aquí comenzó una nueva escenificación del teatro: tras incrementar el gasto no financiero de los presupuestos de 2009 debido al aumento del gasto en prestaciones por desempleo, intentaron vender que los presupuestos de 2010 presentaban un recorte del gasto del 4%. Para ello, comparaban dos magnitudes no comparables: ejecución prevista de 2009 contra presupuesto inicial de 2010. Sin embargo, al realizar el ejercicio de manera ortodoxa, es decir, comparando ambos presupuestos iniciales, quedaba al descubierto que el Gobierno llevaría a cabo en 2010 el mayor incremento de gasto de la historia en los presupuestos: ¡un 17,3%!

Por último, el secretario de Estado de Hacienda, el señor Ocaña, dejaba vislumbrar el 25 de febrero de 2010 una congelación de los salarios de los empleados públicos. El mismo día, Elena Salgado desmentía esa posibilidad y decía que los funcionarios no sufrirían recortes. El 12 de mayo, el presidente del Gobierno anunciaba la reducción del 5% del salario de los empleados públicos.

Tras una y otra negación de la realidad, el Gobierno impulsaba la economía española hacia el abismo, multiplicando el déficit por cuatro, junto con un incremento de la deuda pública en más de veinte puntos en sólo dos años. La comparación con la herencia recibida de los Gobiernos del Partido Popular era demoledora en contra de los socialistas: en sólo cinco años habían vuelto a generar déficit desde el equilibrio presupuestario recibido y la deuda pública, pese a la amortización de los años de expansión económica, estaba de nuevo por encima del registro de 2004, al tiempo que en ese periodo la deuda externa española se había duplicado.

De la misma manera, Zapatero incrementaba el número de parados en más de dos millones respecto al inicio de su mandato, doblaba la tasa de paro y empobrecía el poder de compra de los españoles en casi 300 euros de promedio.

Protectorado económico

Estas consecuencias nefastas, en medio de la desconfianza de los mercados ante la solvencia de España, debido a las políticas de incremento del gasto de Zapatero y la ausencia de reformas, hicieron que la deuda española incrementase su diferencial con la alemana en casi 170 puntos básicos, lo que denotaba crecientes problemas de colocación y financiación de la deuda pública española. Tras atacar de manera absurda a los mercados, no saber dar explicación alguna y negarse públicamente a rectificar –a Mariano Rajoy, Zapatero le dijo la semana anterior a su anuncio del tijeretazo del gasto que no iba a haber una “reducción drástica del déficit”, al tiempo que se negaba a adoptar las medidas de austeridad que el presidente del PP le proponía–, Zapatero finalmente cambió su política. Cabe preguntarse el motivo de tan súbito cambio.

Tras firmar el acuerdo de constitución de un fondo de rescate de 750.000 millones de euros, los dirigentes internacionales impusieron a Zapatero un plan de recortes que convertía a España en una economía supervisada, en una especie de “protectorado económico”, como señaló Mariano Rajoy en el Congreso el pasado 12 de mayo.

Recorte de pensiones

Zapatero, así, tuvo que anunciar recortes duros en muchas partidas que nunca habían sufrido un tijeretazo de esa magnitud. Anunció una reducción del sueldo de los empleados públicos en un 5%, eliminó la ayuda al nacimiento de bebés, y, lo más grave, anunció el fin de la revalorización de las pensiones, garantizada por Ley por los Gobiernos de José María Aznar. Los socialistas, con Zapatero a la cabeza, rubricaban así el empobrecimiento de España tras su política ruinosa. Después de haberse envuelto permanentemente en la bandera de lo social para disfrazar su despilfarro socialista, Zapatero daba un nuevo zarpazo a los pensionistas. Primero, en enero de 2010, reducía, por primera vez, la cantidad neta que cobraba cada pensionista. Ahora acaba con la revalorización de las pensiones. Era la confirmación de la política antisocial del socialista Zapatero.

España puede retornar a la prosperidad

Si Zapatero no hubiese ocultado la realidad y hubiese emprendido reformas hace algunos años, no habríamos llegado a esta situación. Ahora nos imponen unas medidas dolorosas debido a su ineptitud y su negación de la verdad. Pero, además, no anuncia la implantación de reformas que creen empleo. Sus anuncios de ajustes sólo cortan la hemorragia temporalmente, pero no solucionan el problema.

Mientras tanto, se niega a reformar el mercado laboral, el energético, la educación o a bajar impuestos. Es más, es probable que vuelva a subirlos más, quizás ahora el de la renta.

Además, ni los mercados ni los analistas confían ya en él, porque no le creen. Y no lo hacen porque ha cambiado tantas veces de política y de opinión que cualquier anuncio que él haga es papel mojado.

Zapatero, que comenzó siendo un riesgo para la economía española, ha traspasado fronteras y se ha convertido en un riesgo, primero para Europa, y, ahora, para todo el contexto económico internacional.

Zapatero debe dimitir y convocar elecciones. No puede seguir ni un minuto más en la cabecera del banco azul. No tiene aptitudes ni actitudes para implantar las reformas que precisa España para volver a crecer y a generar empleo. Nadie confía ya en él y su permanencia sólo puede arrastrar a España en su caída.

Es necesario otro Gobierno y otro presidente, que pueda afrontar una agenda nacional de reformas, que inspire confianza y que pueda pedir esfuerzos a sus compatriotas. Zapatero está invalidado para ello.

José María Rotellar, profesor de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid

Vía FAES