Inmodiario

La Cumbre Social Estatal celebró hace unos días una jornada virtual en la que se analizaron las dificultades de las familias trabajadoras para acceder a una vivienda digna y se plantearon propuestas para garantizar un derecho constitucional hasta ahora poco desarrollado.

El Estado de Bienestar garantiza necesidades básicas como la educación, los servicios sociales o la sanidad, pero deja sin protección el derecho a la vivienda. Si queremos garantizar el derecho del acceso a la vivienda, es necesaria la intervención pública a mayor escala. Solucionar el problema del acceso a la vivienda supondría no solo una mejora para millones de hogares, sino que tendría enormes externalidades positivas para el conjunto de la sociedad.

Durante décadas la política de vivienda, no ha sido la adecuada, se ha centrado en la propiedad y ha girado en torno a la dicotomía entre el derecho a la vivienda y el mercado de inversión, mostrándose al servicio de los fondos buitres, y trasladando la burbuja inmobiliaria al mercado del alquiler.

La promoción de vivienda pública ha sido testimonial en las últimas décadas y la vivienda pública de alquiler residual. Se ha construido pensando más en el negocio inmobiliario que en las necesidades de vivienda adecuada de la población.

La vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es el principal gasto que afrontan las familias trabajadoras. El alto coste de acceso a la vivienda afecta en mayor medida a los hogares con menores ingresos, lastrando especialmente la emancipación de la población joven que, además, debe soportar una elevada precariedad laboral.

El bajo crecimiento de los salarios y la subida de los precios de la vivienda de alquiler ha producido un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 41% de los inquilinos destinaba más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, y alrededor de 1,4 millones de inquilinos destinaba al pago de la vivienda más del 50% de los ingresos.

Las personas expertas que participaron en el seminario coincidieron en que este desequilibrio se puede, y se debe corregir y propusieron medidas como el control efectivo del precio de los alquileres, el desarrollo de un parque público de viviendas sociales de alquiler, la creación en todos los ayuntamientos de registros actualizados de peticiones de vivienda social, o mecanismos de diseño, gestión y financiación entre la AGE y las CCAA. Muchas de ellas recogidas en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda elaborada por UGT y CCOO.

Además, se deberían adoptar otras medidas también esenciales como, garantizar los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.

El alto número de desahucios, más de 1.200.000 hasta el día de hoy, que afecta a diferentes estratos de la población como son los niños, personas mayores, o personas con algún grado de dependencia, y que a veces llevan incluso al suicidio, exige la puesta en marcha de una política de vivienda efectiva que proteja a las personas vulnerables, sobre todo, teniendo en cuenta que la finalización del estado de alarma pondrá fin a la normativa sobre la prohibición de los desahucios durante la pandemia.

España vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. El artículo 27.3 de los derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño, y el artículo 3.1 al no haber presencia de la Fiscalía del Menor en los desahucios con niños. Los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tanto al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, como al no prever sus consecuencias. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el artículo 47 de la Constitución.

Las condiciones de la vivienda son un factor determinante de las desigualdades sociales en materia de salud. La falta de un hogar o un hogar inadecuado o en precario afectan directamente a la salud, tanto física como mental o emocional. En la crisis socio-sanitaria provocada por la Covid-19, el confinamiento ha situado a la vivienda como barrera de protección frente a la enfermedad, para evitar la transmisión. Sin embargo, las situaciones han sido desiguales, para algunos que viven en infraviviendas, hacinados o en precario, ha sido un castigo, y para otros, como las personas sin hogar, una utopía.

Por ello, es imprescindible una Ley por el Derecho a la Vivienda que garantice el derecho universal a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, como uno de los DDHH que aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art 25, apartado 1 y en el art 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Las Administraciones tienen que asumir sus responsabilidades y dar cumplimiento a la legislación existente.

Estas propuestas serán recogidas en el documento que la Cumbre Social Estatal está elaborando sobre la base de los debates monográficos que está organizando durante el primer semestre del año.