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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un pacto de Estado por el derecho a la vivienda.

En una carta, Colau pide al presidente del Gobierno que lidere una estrategia de largo recorrido y de carácter estructural que permita alinear todas las administraciones públicas y coordinarlas para impulsar cambios en profundidad que permitan avanzar hacia un nuevo modelo de políticas de vivienda más encaminadas a la protección y la garantía de un derecho fundamental reconocido a la Constitución española como es la vivienda.

Según ha dicho Colau, en una rueda de prensa para presentar esta iniciativa, el objetivo tiene que ser "impulsar las políticas de vivienda que no se han hecho en 40 años y por lo cual ahora estamos pagando las consecuencias".

Colau se ha referido al precedente de la crisis de 2008 y pide no cometer los mismos errores, es decir, las políticas de recortes y de austeridad que comportaron el sufrimiento de la población, y dejar los servicios públicos debilitados.

"Tenemos que dar una respuesta opuesta a la de 2008, hay que impulsar una cosa tan básica y tan de sentido común como cambiar la fiscalidad de este país, donde las socimi especulan sin pagar impuestos y los empresarios que quieren apostar para construir vivienda asequible los penalizan con un IVA altísimo, hay que hacer el contrario, penalizar los especuladores y favorecer los empresarios".

La alcaldesa también ha planteado a Sánchez la necesidad de modificar la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de forma que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit acumulado para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19, en vez de destinarlo a enjugar deuda pública, como establece esta ley.

Esta norma, ha dicho Colau, "ha supuesto una asfixia de la capacidad financiera de los ayuntamientos y si en algún momento son necesarios estos ahorros, es en esta emergencia que tenemos ahora", ha puntualizado.

La alcaldesa ha manifestado también que si bien las medidas de carácter social que ha impulsado el Estado en los primeros momentos de la pandemia son muy importantes, no serán suficientes a medio y largo plazo.

Por eso reclama más capacidad financiera para los ayuntamientos. "Somos parte de la solución, con capacidad financiera podremos ayudar mucho más y esto es clave para lograr una reactivación económica y una salida lo más rápido posible de esta crisis", ha dicho.

El pacto de Estado, se plantea además, como una oportunidad no solo para conducir el Estado hacia un modelo nuevo de vivienda, sino también como revulsivo económico, puesto que puede contribuir a generar miles de puestos de trabajo, a través de la promoción de vivienda pública de alquiler asequible y a través de la rehabilitación del parque residencial.

La carta de la alcaldesa va acompañada de un documento de trabajo con propuestas concretas. Algunas de estas propuestas están inspiradas en la experiencia de las iniciativas innovadoras que ha impulsado en los últimos años el Ayuntamiento de Barcelona.

En este sentido, la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha remarcado que "hay que enterrar las malas políticas que han durado décadas y aprovechar la oportunidad histórica para ir todas las administraciones a la una".

La regidora ha detallado algunas de propuestas que han hecho llegar al Gobierno estatal, como que alargar la suspensión de los desahucios 6 meses más, que se sumarían a los otros 6 que ya estaban previstos inicialmente, y prorrogar los contratos de alquiler 6 meses más.

Estas medidas permiten ganar tiempos para trabajar cambios normativos que sean permanentes en relación en la emergencia residencial, como por ejemplo introducir la obligación de la mediación previa al inicio de un procedimiento de desahucio.

También aboga por favorecer la construcción de vivienda asequible con una reducción del IVA en las promociones de vivienda de protección oficial, e incentivar que las administraciones puedan comprar vivienda por debajo de los precios de mercado.

Asimismo, también se hace hincapié en condicionar las compras de viviendas de grandes tenedores con la obligación de destinar una parte de estas viviendas a alquiler asequible.

Colau ha recordado algunas de las políticas que, desde la limitación de las competencias municipales en materia de vivienda, el Ayuntamiento ya está impulsando como por ejemplo un operador mixto público privado para crear vivienda asequible en el ámbito metropolitano, o la unidad que trabaja para evitar los desahucios, que es pionera en todo el Estado.

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