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Sobre el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril de 2020, por el que el Gobierno aprueba medidas extraordinarias para el pago de alquileres de locales de negocio, oficinas y naves industriales, dentro del marco de medidas complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Desde AMADEI, Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, ya advirtió semanas atrás que se estaba produciendo un abandono total por el Gobierno de los arrendatarios de locales y oficinas, se considera que las medidas adoptadas son extemporáneas y, en cualquier caso, insuficientes, por lo que no se ha solventado en absoluto el problema detectado.

Los motivos de queja de las agencias inmobiliarias madrileñas son los siguientes:

- Es una problemática que se conocía desde el inicio de la pandemia al decretarse el cierre al público de los negocios no esenciales y se aborda de forma tardía y claramente insuficiente. La inacción del Gobierno ya se venía anunciando desde distintos ámbitos empresariales.

- Si no se pueden utilizar los locales, oficinas y naves por la medida de cierre decretada por el Gobierno, no se entiende por qué hay que abonar las rentas de los mismos, aunque sea de forma fraccionada y aplazada en el tiempo.

- Dado que finalmente el arrendatario se ve compelido a abonar las rentas, no se le indemniza o compensa de ningún modo por esa imposibilidad de uso y disfrute del local, nave u oficina arrendados. Por tanto, se debe decretar la exención del pago de las rentas con cargo a fondos públicos para paliar el perjuicio sufrido por los arrendatarios, no moratorias ni aplazamientos.

- Nunca debe recaer sobre el arrendador la obligación de soportar un aplazamiento o fraccionamiento de rentas, dado que el incumplimiento de su prestación para con el arrendatario -el goce del local- no le es imputable, sino que es un incumplimiento sobrevenido y no culposo, impuesto por imperativo legal.

- En el caso de arrendadores que no sean grandes tenedores, se establece un horizonte evidente de clara conflictividad judicial, dado que no se especifica la obligatoriedad del arrendador de aceptar la propuesta de aplazamiento del pago de la renta ni tampoco se concretan los términos de dicho aplazamiento, ni siquiera cómo deben establecerse las comunicaciones entre las partes. Además, no se instrumenta programa específico de ayudas transitorias de financiación para el caso de que la parte arrendadora no acepte ninguna propuesta de aplazamiento, discriminando claramente a los arrendatarios comerciales de los de vivienda.

- En los casos en que quede menos de un año de vigencia del contrato, la posibilidad de utilizar la fianza arrendaticia para el pago de estas rentas afectadas por el estado de alarma, deja sin cobertura al arrendador para el caso de que se hayan producido daños en el inmueble a la fecha de su entrega. En el resto de casos, no se especifica que la no reposición de la fianza en el plazo de un año, pueda entenderse como incumplimiento contractual y por ende causa de resolución del contrato y desahucio.

Además, esa fianza está depositada obligatoriamente en la Comunidad Autónoma, con lo cual el arrendador se vería obligado a solicitar su devolución con el trámite y dilación que ello conlleva.

- En absoluto se debe vincular la efectividad de las medidas de aplazamiento a acreditar, en su caso, haber solicitado el cese de actividad, toda vez que muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus centros de negocio y se han acogido al régimen de teletrabajo desde casa, con lo cual no han solicitado dicho cese de actividad.

- Porque, en definitiva, el Gobierno debería haber aprobado medidas de exención del pago de rentas o, en su defecto, compensación, financiación o subvención, todo ello con cargo al erario público y no obligar al propietario, sea gran tenedor o no, a soportar las consecuencias económicas de esa financiación a su exclusivo cargo.

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