Inmodiario

El Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley 1/2020 que aprobó el Gobierno presidido por Quim Torrá, con el objetivo de modificar un punto concreto del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

En concreto, modifica y precisa la definición que se hacía de vivienda vacía, para considerar que podía generar dudas de interpretación y, en consecuencia, problemas de seguridad jurídica.

Así, se considera vivienda vacía el que permanece desempleado permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. Se consideran causas justificadas: el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacío una vivienda.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet ha explicado en el Parlamento que "es una matización y mejora del Decreto Ley 17/2019, que resuelve algunas dudas de naturaleza técnica y jurídica que no estuvimos a tiempo de incorporar en aquel Decreto Ley". Con el cambio, también "se armoniza el concepto presente a diferentes normas" en vigor en materia de vivienda, ha añadido.

Familias vulnerables en pisos de bancos y grandes tenedores

Calvet ha concretado también que la modificación convalidada hoy "reconoce la situación de las ocupaciones sin título habilitante de familias con vulnerabilidad acreditada de viviendas vacías de entidades financieras o de grandes tenedores" siempre que esta ocupación ya se estuviera produciendo al menos desde seis meses antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 17/2019. A estas familias se las tendrá que ofrecer un alquiler social obligatorio.

El consejero ha detallado que, precisamente, "el 35% de los casos de las Mesas de Emergencias resueltos favorablemente y que están pendientes de realojamiento son ocupantes sin título habilitante de viviendas de grandes tenedores". Por lo tanto, "era importante tener una vía abierta para evitar un incremento notable de desahucios", ha enfatizado.

En su intervención, ha desmentido "un supuesto riesgo de efecto grita a ocupar viviendas de grandes tenedores", dado que el alquiler social obligatorio se dirige a "familias que hayan ocupado el piso antes de la entrada en vigor de la norma, sin que sea aplicable a casos posteriores". También tendrán que acreditar su vulnerabilidad social "con informes favorables de los servicios sociales" y solo se aplicará cuando el piso ocupado sea de una entidad bancaria o de un gran tenedor, no de propietarios individuales.

"Tenemos muy claro a quien nos dirigimos", ha remachado Calvet, que ha subrayado que "el rescate bancario" que se hizo de estas entidades "tiene que tener un peaje social". "No es ninguna anormalidad que desde el Gobierno se pida colaboración al sector privado para resolver un problema del cual, en este caso, es corresponsable", ha defendido. "En muchos casos estamos hablando de entidades financieras rescatadas con recursos públicos y grandes tenedores que se han hecho con carteras inmobiliarias de estas entidades", ha recordado. Así, el objetivo de los Decretos leyes impulsados por el Gobierno es que "el derecho a la vivienda de las familias vulnerables esté por encima de los intereses de los grandes fondos de inversión y las entidades financieras", ha dicho Calvet.

"Blindar" las suspensiones de desahucios

El consejero también se ha referido en el reciente acuerdo de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia provincial de Barcelona, considerando que "los jueces han hecho una interpretación restrictiva del Decreto Ley 17/2019".

En este sentido, ha anunciado que "modificaremos y mejoraremos el artículo que ha provocado este acuerdo de la Audiencia provincial porque no haya excusa posible a las suspensiones de desahucios".

Así, ha avanzado que se aprovechará "la norma que tenemos previsto aprobar para evitar el incremento de los precios del alquiler para incorporar esta mejora y blindar las suspensiones de los desahucios", entendiendo que "afecta el derecho sustantivo, el mismo contrato de arrendamiento".

Cataluña registró más de 88.000 desahucios entre los años 2013 y 2018. El consejero ha explicado en sede parlamentaria que "se ha atendido la emergencia habitacional destinando la práctica totalidad del parque de vivienda social disponible a atender familias que habían perdido el piso, y también por la vía de las prestaciones".

De hecho, los recursos públicos destinados a evitar la pérdida de la vivienda han pasado de los 50 millones de euros el 2012 además de 130 millones el 2028 y a un total de 111 millones el 2019.

En cuanto a las familias beneficiadas con ayudas para pagar el alquiler, han pasado de 23.343 el 2014 a 65.281 el 2018, y a 60.800 el 2019. El número de personas solicitantes también se ha incrementado, pasando de 29.561 el 2014 a 77.148 en 2018.