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Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, respectivamente, han presentado la "Iniciativa sindical por el derecho a la vivienda" que busca garantizar que la vivienda sea "un derecho y no un negocio".

Según afirmó el secretario general de CCOO, "el mejor convenio colectivo es garantizar una vivienda asequible" porque la situación del mercado de la vivienda es "un factor de precarización de la vida de millones de personas".

En la rueda de prensa, acompañado de Pepe Álvarez, y la secretaria de Política Social de CCOO, Paula Guisande, y su homóloga de UGT, Carmen Barrera, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recordado que el 55% de los hogares españoles destinan más de un tercio de sus ingresos mensuales a pagar el alquiler, cuyo importe ronda de media 674 euros, el 43% del salario medio neto. Esto "genera situaciones de pobreza y, en casos extremos, desahucios y exclusión social", señaló.

Otra consecuencia, es que el 63% de los jóvenes españoles de 24-29 años sigue viviendo en casa de los padres ante la imposibilidad de independizarse.

Para afrontar esta situación, y, en consecuencia, garantizar el acceso de la población a una vivienda a precios "razonables", CCOO y UGT instan al Gobierno a legislar y regular en su ámbito de competencias y a impulsar actuaciones en materia de vivienda social.

En concreto, piden limitar el precio máximo del alquiler, un Programa de Alquiler Seguro y Asequible (PASA), rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, regular las viviendas turísticas en "zonas tensionadas" e incentivar la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, con una fiscalidad adecuada.

Asimismo, plantean un Plan de Alquiler Público y Social, que esté dotado de fondos suficientes y sostenidos en el tiempo y que centre los recursos públicos en un plan para consolidad un parque público de vivienda en alquiler, para lo que el suelo público debe destinarse a vivienda pública y/o protegida de alquiler.

"El alquiler, especialmente el de carácter público, está infrarrepresentado en la oferta de vivienda española, y es necesario corregir este déficit que impide el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda, explicó Paula Guisande.

"El objetivo es que el presupuesto de la política de vivienda alcance inicialmente el 0,3% anual del PIB en cuatro años (entre 3.600 y 4.000 millones al año), sin perder de vista que a medio plazo el objetivo es que alcance el 1% del PIB", señaló.

Según denunció la secretaria confederal de Política Social de CCOO, España destina uno de los presupuestos públicos más reducidos de Europa a política de vivienda (apenas el 0,1% del PIB), mientras que durante décadas ha priorizado las bonificaciones fiscales a la compraventa de viviendas, cuyo funcionamiento es regresivo, en lugar del desarrollo de las viviendas públicas.

El resultado, incidió Unai Sordo, es que los hogares han debido realizar en las últimas décadas un enorme esfuerzo económico en materia de vivienda y se ha producido una elevada transferencia de rentas a favor del sector inmobiliario.

"Es necesario corregir ese déficit", subrayó Unai Sordo, que reclamó "valentía" al Gobierno para "acometer una reforma fiscal en profundidad y la política de vivienda tiene mucho que decir en este sentido", y además que no se limite a medidas "de buena voluntad, sino que plantee medidas efectivas para reducir el precio de los alquileres máximos para permitir el acceso a precios razonables".