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La Consellería de Movilidad y Vivienda del Gobierno de las Islas Baleares ha impuesto un total de 86 sanciones por infracciones en materia de vivienda por valor de 1,7 millones de euros en 2019.

Las sanciones, que tramita la Dirección General de Vivienda, se centran principalmente en infracciones cometidas por grandes tenedores de viviendas y también por titulares de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que en fan un uso irregular.

La tarea inspectora se ha podido llevar a cabo en 2019 con la creación del Cuerpo de Inspección previsto a la Ley de Vivienda de las Islas Baleares, que en estos momentos está integrado por 11 personas, entre inspectores, instructores y personal administrativo de apoyo.

No inscribir en el registro las viviendas vacías de los grandes tenedores -obligación derivada de la Ley de Vivienda de las Islas Baleares-, por un lado, y no vivir habitualmente a la VPO que una persona tiene en propiedad son las infracciones que más sanciones han recibido.

Por estos conceptos, se han impuesto a los grandes tenedores 16 sanciones que suman multas por valor de 240.000 euros por no haber inscrito las viviendas, a pesar de que también hay expedientes para no colaborar -a pesar de haber inscrito las viviendas- o para no comunicar cambios de titularidad o disposición de las mencionadas viviendas, entre otros.

Destacan también las 5 sanciones impuestas a los grandes tenedores para no pagar los gastos de la comunidad de propietarios a fincas donde tienen pisos vacíos, con un total de 75.000 euros de sanción.

Cuando a los propietarios de VPO, se han impuesto 25 sanciones que suman 750.000 euros para no vivir en la vivienda de manera permanente. Hay casos en que la vivienda protegida -que por ley tiene que ser el domicilio habitual- era empleada como segunda vivienda u otras en que se alquilaba sin entrar en los supuestos autorizados por ley.

Protegida alquilada por 3.000 euros a 8 personas

Se dan también casos en que la vivienda, además, se alquila por un precio superior al que se autoriza. Hay que destacar, por ejemplo, el caso de una VPO que se alquilaba por 3.000 euros y a 8 personas.

En este caso, el expediente se ha seguido no justo por lucro indebido sino también por infravivienda. También se han detectado casos en que se hace publicidad para alquilar una VPO sin indicar la condición y por tanto sin respetar los límites de precios que impone la administración.

Respecto de propietarios en general (no exclusivamente VPO o grandes tenedores) se han impuesto también sanciones para no depositar fianzas de alquiler (un total de 10) por parte de propietarios (de todo tipo de vivienda) y también por casos de infravivienda. Por ejemplo, se ha descubierto un caso en que se alquilaba como vivienda el sótano de un restaurante.

Por casos de infravivienda se han impuesto, cinco sanciones muchos graves. Tres de ellas a particulares (90.000 euros en total) y dos a titulares de VPO con una sanción de 60.000 euros a cada uno.

El resto, hasta los 1.745.000 euros en sanciones, se completa con expedientes por otras cuestiones menos habituales (como hacer algún tipo de actividad profesional no autorizada a una VPO) o temas menores.