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La Junta de Andalucía prevé ampliar el número de viviendas irregulares que puedan acceder a los servicios básicos, como una de las primeras medidas en las que ya trabaja para dar una respuesta definitiva a las urbanizaciones irregulares en suelo rústico que existen en Andalucía, después de varios intentos normativos que no han resuelto una situación que afecta a unas 300.000 viviendas.

En ese sentido, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado al Consejo de Gobierno las principales actuaciones que se pondrán en marcha en este sentido, como una regulación que permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación.

Con este fin, la Junta ampliará el reconocimiento de la figura de asimilado fuera de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas. Esta fórmula reconoce la situación de ilegalidad de las edificaciones, pero le permite acceder a los servicios básicos y resolver o minimizar problemas ambientales. Esta declaración AFO se planteará también en casos en los que no se actuó anteriormente, como en el de los asentamientos en suelo no urbanizable.

Además, la consejería prevé la elaboración de planes especiales autónomos, no dependientes de los planes generales, como vía para resolver la situación de estas parcelaciones. Por último, y en paralelo, el Gobierno andaluz potenciará la labor de inspección y sancionadora para evitar que se reproduzcan nuevas actuaciones irregulares.

Intentos normativos anteriores

Los intentos normativos para regularizar las edificaciones en suelo urbanizable se remontan al año 2003, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) previó el régimen de fuera de ordenación y, tres años después, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incorporó la necesidad de controlar los procesos de ocupación y parcelación del suelo no urbanizable.

Sin embargo, la respuesta que se daba no era uniforme en todo el territorio andaluz, por lo que se han aprobado diferentes iniciativas a lo largo de los años que no han resuelto el problema y han generado un entramado normativo prolijo, confuso e incompleto, que no ofrece una solución conjunta.

El nuevo Gobierno andaluz analiza ya las diversas circunstancias de cada territorio para atajar este problema con singularidades distintas. Las viviendas de la Axarquía almeriense, las gaditanas de El Palmar o Chiclana o las parcelaciones de Córdoba y Jaén, presentan todas ellas una casuística diferente. La normativa primará en todos estos casos el equilibrio claro y firme entre el interés general y la preservación del medio ambiente y los derechos que asisten a los propietarios de esos inmuebles.