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La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, ha expuesto ante el Fórum Europa Tribuna Mediterránea las principales líneas de su departamento que se centran en políticas para conseguir "territorios, infraestructuras y ciudades más amables y con más calidad de vida".

En este sentido, ha asegurado que "por primera vez, la Comunitat tiene un horizonte de planificación en materia de vivienda para la próxima década" con un estudio de la situación y un marco de intervención contemplado en el Libro Blanco de la Vivienda. Para Salvador, la apuesta de la conselleria por la "innovación en materia de vivienda es clave para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad".

Por ello, ha anunciado que se va a proceder a realizar un cambio en la normativa ya que, tanto los estudios realizados como los trabajos en un piso piloto han demostrado esta necesidad para poder garantizar la "equidad habitacional desde el inicio del diseño de las viviendas, con el objetivo de crear edificios y viviendas intergeneracionales, donde se contemple el envejecimiento activo o la conciliación familiar, en todas las fases de la vida".

Sostenibilidad territorial

En primer lugar, la consellera ha tratado la gestión realizada en el área de urbanismo y territorio donde ha afirmado que "la sostenibilidad tiene que presidir toda intervención, combinando la economía, la sociedad y el medio ambiente siempre pensando en las próximas generaciones".

Por ello, tal y como ha explicado la consellera, se han puesto en marcha los Planes de Acción Territorial como el Patricova para prevenir el riesgo de inundación, el Pativel para proteger la costa o los planes a nivel metropolitano como los de Castellón, València y Alicante y Elche que ya están en marcha o los próximos para las comarcas centrales y la Vega Baja.

Unos planes que "hacen posibles usos del suelo que compatibilizan la actividad económica con el respecto a valores ambientales y territoriales y son un marco de referencia para la toma de decisiones estratégicas, no solo de la Generalitat y otras administraciones, sino también para inversores privados que quieren optimizar sus decisiones de inversión", ha matizado la consellera.

Nueva concepción de la red viaria

En cuanto al bloque sobre infraestructuras, la consellera ha asegurado que se han invertido en esta legislatura más de 1.200 millones en 1.000 actuaciones y ha insistido en que "no pueden ser objeto de improvisación, ni de la voluntad de un cargo público. Es imprescindible un análisis cuidadoso y escuchar a las partes interesadas para establecer una hoja de ruta coherente desde el punto de vista territorial, realista desde la perspectiva temporal y económica, y sostenible en cuanto a la vertiente ambiental".

Ante esto, Salvador ha hecho referencia a UNEIX, el Programa Estratégico de Movilidad, Infraestructuras y Transporte hasta 2030 impulsado por la Generalitat para "conseguir un territorio con diversidad de centros de gravedad donde se diluyan distancias y fronteras para comunicarnos mejor".

De hecho, UNEIX incorpora una "nueva visión y concepción de la red viaria que tiene en cuenta otros modos de transporte diferentes al vehículo de motor, y que, por lo tanto, contempla nuevas infraestructuras donde se tengan en cuenta las necesidades de peatones y ciclistas, con carriles específicos para ellos, y con seguridad".

Por ello, se están abordando los planes para "estimular la movilidad y el transporte público" en áreas como Castellón, València y Alicante y Elche que afectan a 80 municipios y 3 millones de habitantes, así como una red de Itinerarios No Motorizados, en el marco europeo del Eurovelo.

En su intervención, la consellera ha hecho referencia a las infraestructuras fundamentales para la Comunitat que son competencia del Ministerio de Fomento como el Corredor Mediterráneo, la ejecución del Plan de Cercanías 2018-2025, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo (Sagunto-Teruel-Zaragoza) o la integración de la AP-7 en la red de vías de alta capacidad del Estado a partir del 1 de enero de 2020.

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