Inmodiario

Durante los últimos ocho años la inversión en políticas de vivienda del Estado se ha reducido en más de 1.000 millones de euros. Los concejales responsables de vivienda de Barcelona, Madrid, Cádiz, Santiago de Compostela, La Coruña, Valencia y Zaragoza se han reunido con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para presentarle las alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para que se equipare a las políticas europeas más avanzadas.

Una de las principales propuestas que han presentado ha sido dotar este plan con 2.000 millones de euros de inversión para el 2018 y cambiar así la tendencia de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda que se ha dado durante los últimos años.

Actualmente el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado es de 467 millones de euros (el 0,059 % del PIB), mientras que el 2009 fue de 1.512 millones.

La reclamación de los siete ayuntamientos es que en el plazo de diez años el gasto público se sitúe en el 1, 5 % del PIB. Este incremento anual permitiría que el Estado español se equiparara al resto de países europeos que impulsan políticas más de acuerdo con el principio de la vivienda como un derecho fundamental.

En este sentido, el incremento presupuestario tendría que servir para aumentar el parque público de vivienda social en España. Actualmente este tipo de vivienda supone solo el 2,5 %, que es insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía.

Desde las ciudades se proponen medidas como que el Instituto de Crédito Oficial habilite líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida, o que se establezca un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.

El objetivo de impulsar este tipo de medidas es llegar a tener un parque público como el de otros países como Austria, con un 24 % del total, o el Reino Unido o Francia, que disponen de un 17 % de viviendas sociales.

Los representantes de los ayuntamientos han aprovechado el encuentro para poner sobre la mesa la reivindicación para modificar el marco legal que protege a los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite una duración mínima de tres años desde la última modificación de la ley, ha conducido a subidas de precio muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.
Por otra parte, las ciudades piden eliminar los beneficios fiscales de las socimis, las sociedades inmobiliarias que cotizan en bolsa, cuya actividad repercute negativamente en el acceso al alquiler.

Gracias a las exenciones de impuestos y a las bonificaciones fiscales los beneficios de las socimis superan los 5.000 millones de euros. También se pide que la compra de vivienda habitual de personas y de entidades extranjeras no residentes sea penalizado fiscalmente.