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Algo parece estar cambiando en la política de ejecuciones hipotecarias por parte de las entidades financieras. Al menos, así cabe entender el compromiso que el Ayuntamiento de Valencia acaba de arrancar a BBVA y Caixabank, de no llevar a cabo ningún desahucio en la ciudad. En los próximos días, el consistorio presidido por Joan Ribó intentará que Bankia, Solvia y Sareb se sumen a este reto.

Además de no desahuciar viviendas, las dos entidades han respondido afirmativamente a la petición municipal de facilitar información sobre cuántas viviendas tienen, en qué calles y barrios se encuentran, cuáles son sus características y si están ocupadas ilegalmente. Y, en el caso de Caixabank, ha ido más allá para ceder viviendas vacías en casos de emergencia social.

El asunto de lograr cesiones de viviendas resulta vital para el Ayuntamiento de Valencia, ya que actualmente solo cuenta con 188 pisos sociales municipales, de los que 89 se gestionan para combatir el chabolismo y los 69 restantes se adjudicaron hace 30 años y están ocupados en régimen de alquiler. Y solo 30 están vacías, pero no aptas para ser habitadas puesto que necesitan de profundas reformas.

A estas viviendas habría que sumar las 100 disponibles con que cuenta la Sociedad Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa), cuyos alquileres de casi 500 euros no son precisamente baratos como para que puedan acceder esas familias que apenas cuentan con recursos.

¿Por qué una ciudad como Valencia apenas cuenta con viviendas sociales cuando otras con muchos menos habitantes, como por ejemplo Zaragoza, tiene un ratio cuatro veces, mayor, con 2.500 pisos, cuatro por cada 1.000 habitantes, cuando Valencia solo tiene uno? Parece claro que la respuesta hay que hallarla en las políticas que, en este sentido, se han llevado a cabo en las últimas dos décadas.

Además de arrancar compromisos y cesiones por parte de las entidades financieras para que la urgencia social no vaya a más y pueda darse respuesta a los casos que lo requieran, el Ayuntamiento de Valencia, siguiendo los pasos del de Madrid, va a crear una Oficina de Intermediación Hipotecaria.

También se pretende elaborar un Plan Estratégico de Vivienda sobre la base de las viviendas vacías que puedan aportar los bancos y, mientras tanto, se tratará de ir tirando a base de subvenciones sociales para ayudar a pagar los alquileres.