Inmodiario

La ocupación ilegal de edificios abandonados destinada a organizar actividades y espacios autogestionados lleva dos décadas manteniendo un pulso permanente con las autoridades. Ocupamos este edificio. Nos echáis. Ocupamos otro. Nos volvéis a echar y, así, una y otra vez.

En Madrid, ante la inminente llegada a la alcaldía de Manuela Carmena, estos colectivos creen haber conseguido una aliada para llevar a cabo estas actuaciones. "Hay que sentarse y hablar con el Patio, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Si se quieren organizar actividades y espacios autogestionados se puede buscar una forma de hacerlo", decía hace unas semanas la ex jueza en relación con el futuro del centro social Patio Maravillas.

La celeridad y la política de hechos consumados con la que suelen actuar estos colectivos se ha puesto de manifiesto un día después de las elecciones. Nada más conocerse el resultado electoral, han vuelto a dar un nuevo golpe de mano.

Ante la orden de desalojo que pesa sobre el edificio que ocupaban junto a la Gran Vía madrileña, se han apresurado a hacer lo propio con otro situado en pleno paseo del Prado. A ver ahora, quien es el guapo -en este caso, la guapa, por lo de la futura alcaldesa- que los echa.

Se trata de un edificio abandonado, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, que, hasta hace tres años, albergó dependencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), un centro de salud municipal y una escuela de idiomas. Con la ocupación se trunca el proyecto del anterior consistorio de proceder a la demolición del antiguo edificio -el ahora ocupado- para construir un museo sobre arquitectura y urbanismo.

Para llevar a cabo esta actuación, con la que el Ayuntamiento se quitaba un peso de encima otorgando una concesión a 75 años - ya más o menos pactada con la iniciativa privada-, la todavía corporación en funciones, presidida por Ana Botella, procedió, deprisa y corriendo hace un mes, a despojar a este inmueble de la protección urbanística que pesaba sobre este edifico construido en 1936, poco antes de iniciarse la Guerra Civil.

No obstante, la tramitación del tema no llegó a cerrarse en su totalidad, al no haber licitado el concurso público para otorgar la concesión, con lo que será la nueva corporación la que decida, ahora ya con el edificio ocupado, qué decisión toma al respecto.