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Madrid. La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, ha presidido la segunda reunión plenaria de la Comisión de Trabajo para el Impulso del Sector Inmobiliario, en la que han participado las principales asociaciones de los sectores inmobiliario y financiero, así como una representación de las empresas promotoras y entidades financieras del país. También forman parte de la comisión, además del Ministerio de Fomento, el Ministerio de Economía y Hacienda, la Oficina Económica del Presidente, el ICO y los agentes sociales.

En su intervención, Beatriz Corredor ha explicado las medidas que, en materia de rehabilitación y vivienda, ha adoptado el Gobierno en los últimos meses en coordinación con los trabajos de la Comisión, ante el consenso observado en torno a algunas de esas propuestas.

La secretaria de Estado ha asegurado que “se han puesto en marcha una serie de medidas que demuestran el compromiso de este Gobierno para avanzar en la normalización de la actividad en el sector inmobiliario y cambiar un modelo superado, por otro que resulte sostenible y cuente con un mayor grado de seguridad jurídica y transparencia”.

Corredor se ha referido a la rebaja del IVA del 8% al 4% para la adquisición de viviendas nuevas que estará vigente hasta el 31 de diciembre dado que persiste un elevado remanente de viviendas para la venta que aconsejaba emprender medidas fiscales que ayuden a dar salida a estas existencias y colaboren en la paulatina normalización y recuperación de la actividad y el empleo en el sector.

Entre las propuestas de la Comisión destacan, asimismo, mejoras en el tratamiento fiscal y normativo de la rehabilitación. En este ámbito, Corredor ha recordado la modificación de la deducción en IRPF por las obras de rehabilitación que ha pasado del 10% al 20%, ampliándose la cuantía máxima deducible y el límite de renta para beneficiarse de la deducción. También ha detallado las medidas incluidas en el Real Decreto Ley de 1 de julio para favorecer la viabilidad y eficacia de las actuaciones de rehabilitación de edificios y regeneración urbana, suprimir trabas que las dificultan, y promover la accesibilidad universal.

Por último, también ha recalcado la importancia de las disposiciones de dicho Real Decreto Ley que incrementan la seguridad jurídica en el sector inmobiliario lo que, entre otros efectos, fomentará la demanda nacional y foránea de promociones terminadas en venta. Estas medidas son de dos tipos: las relacionadas con la imposibilidad de concesión de facultades de extraordinaria relevancia e impacto sobre el territorio por medio de la técnica del silencio positivo, y las relativas a fortalecer la seguridad jurídica en los actos inmobiliarios por medio del Registro de la Propiedad.

El planteamiento de propuestas que facilitaran la liberación del stock de vivienda en mercados internacionales era otro de los objetivos de la Comisión. A este respecto, la secretaria de Estado ha explicado el desarrollo de la primera fase de la ronda informativa internacional en la que el Ministerio de Fomento se ha reunido con más de 80 interlocutores entre inversores institucionales e intermediarios a los que les ha suministrado información oficial y detallada del sector inmobiliario español así como de las medidas adoptadas por el gobierno.

“El objetivo era dar una visión más realista de la evolución y situación actual del sector con datos desagregados dadas las peculiaridades del mercado en España y la conclusión generalizada entre los asistentes es que, tras las reuniones, han cambiado su percepción de nuestro mercado inmobiliario, al conocer detalles como la evolución de los precios de la vivienda en mercados locales, distinta a la media nacional”, ha asegurado Corredor.

La segunda fase, que comenzará a mediados de septiembre, estará abierta a la iniciativa privada. El Ministerio de Fomento acompañará a las compañías promotoras y entidades financieras interesadas en recuperar los canales de comunicación, distribución y comercialización que las empresas han perdido durante la crisis con los principales mercados emisores con interés en las viviendas vacacionales de España.

Para ello, estas empresas y entidades deberán haber sometido previamente las viviendas que oferten a una evaluación por parte de alguna agencia, con estándares de valoración internacional reconocibles en todos los mercados, que acrediten todas las características de las mismas, desde su calidad hasta su situación urbanística, pasando por su ubicación (distancia a la costa, al aeropuerto más cercano, a los servicios sanitarios y de ocio, etc.).