Inmodiario

Madrid, El grupo parlamentario popular, presidido por Soraya Saénz de Santamaría ha decidido exigir explicaciones al Gobierno de las razones por las que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero hizo caso omiso en 2006 de las advertencias realizadas por los inspectores del Banco de España acerca de la pasividad mostrada por Jaime Caruana, el entonces gobernador del Banco de España nombrado por José María Aznar.

El Gobierno no tomó entonces medidas, pero en los dos últimos años ha tenido que inyectar hasta ahora 11.000 millones de euros en el sector y baraja aportar otros 20.000 millones a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

La reacción del PP viene motivada por la carta remitida por la asociación de inspectores del Banco de España, en mayo de 2006, al vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, en la que se criticaba de manera clara la “actitud pasiva” ante el “insostenible crecimiento del crédito bancario”, mantenida por el entonces gobernador Jaime Caruana.

“Los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato”, señalaban en la misiva conocida ahora.

La carta fue enviada apenas mes y medio antes de que Caruana fuera relevado al frente del organismo supervisor por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Desde el Banco de España, Caruana pasó al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la presidencia de Rodrigo Rato y, de ahí, fue nombrado, en abril de 2009, director general del Banco de Pagos de Basilea.

Quisieron con este escrito ofrecer una historia alternativa a la explicación oficial del Banco de España sobre la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Considerando, primero, el “desmedido crecimiento del crédito bancario” como “una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles” que había producido en España entre 2000 y 2006, y reprochando, después, la  “falta de determinación” para exigir a las entidades financieras mayor rigor en la asunción de riesgos.

Para la asociación de inspectores, la explosión del crédito en la década pasada tuvo una raíz eminentemente nacional. “El proceso de aceleración del crédito bancario, originalmente circunscrito a las entidades con menor cultura en el control de sus riesgos, se ha ido extendiendo a las demás entidades de crédito que operan en el sistema financiero español por efecto de la, por otro lado, saludable competencia”, relataban en la carta. En la explicación de los inspectores, las entidades con menos control de riesgos, en referencia implícita a algunas cajas de ahorros, tiraron la competencia a la baja y hubo una rebaja generalizada de las exigencias en la concesión de créditos para no perder cuota de mercado.

Una carrera desenfrenada en la concesión de créditos que agudizó las necesidades de financiación y, con ellas, el aumento de la deuda con entidades internacionales. “Los riesgos se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia”, añadía la carta.

Como hecho premonitorio, los inspectores consideraban que “el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de forma alarmante”.
 
El aviso a navegantes de la inspección no cayó en saco roto. En la presentación de su primer informe anual, en junio de 2007, Fernández Ordóñez advirtió de que la incipiente desaceleración del sector inmobiliario “podría hacer sufrir los márgenes de la cuenta de resultados” de las entidades financieras y cargó contra “la disminución de los estándares de calidad en la oferta de financiación”