Inmodiario

La localidad castellonense de Burriana se queda sin el agente urbanizador que iba a promover el PAI Sant Gregori Gof. Un proyecto de casi 7.000 viviendas que se queda paralizado al declararse Golf Sant Gregori en concurso voluntario de acreedores y solicitar la liquidación, con una pasivo de casi 43 millones de euros y un activo de unos 14.

La devaluación del suelo y la devolución de los terrenos que habían sido adquiridos por la Sareb, el banco malo, han supuesto un golpe definitivo. Bankia y Urbanizadora Vistamar (G&C), ha visto cómo los terrenos, que valían cerca de 30 millones, se han devaluado a un valor cinco veces menor, unos seis millones.

Cuando en 2009 la antigua Bancaja entró en la sociedad como socio mayoritario todos pensaban que esto suponía garantizar la viabilidad del PAI. Pero ha sido todo lo contrario. La urbanizadora es ahora una sociedad integrada en BFA —matriz de Bankia— y en 2012 se acordó traspasar los activos al banco malo. En 2013, la Sareb vio que los activos traspasados estaban hipotecados por varias entidades, así que los terrenos se devolvieron.

Para intentar salvar la situación, la empresa llegó a un acuerdo con sus acreedores financieros para paralizar el pago de la deuda a cambio de lograr del Ayuntamiento la suspensión del PAI durante dos años. Pero llegó el concurso y el consistorio ha optado por abrir expediente de resolución y buscar otra salida que pasa por la gestión directa o por la búsqueda de un nuevo urbanizador.

Además, la rescisión implica, como consta en un informe municipal del pasado año, la cancelación de la programación. Lo mismo ha hecho Torreblanca con el PAI Doña Blanca Golf, de casi dos millones de metros cuadrados y 4.500 viviendas.

Cuando a principios de la pasada década se abordó el desarrollo de esta actuación, los grandes promotores urbanísticos valencianos se disputaron uno de los pocos tramos de costa sin urbanizar que quedan en los 65 kilómetros que separan las ciudades de Castellón y Valencia.

Al final, Urbanizadora Vistamar, formada por la constructora castellonense GyC (40%), el grupo Ballester (40%) y Lubasa (20%), se llevaron el gato al agua. Los terrenos, mayoritariamente explotaciones citrícolas, pertenecen a unos 650 propietarios y Urbanizadora Vistamar se presentó como agente urbanizador.