Inmodiario

Iba a ser aprobado como muy tarde el próximo mes de enero, pero ya no será antes de mediados del próximo año cuando salga adelante el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCL).

Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ante la gran cantidad de alegaciones presentadas y la amplitud geográfica de la aplicación del Plan, y la necesidad de ampliar las tareas de concertación que posibiliten alcanzar el grado de consenso adecuado.

Desde las organizaciones ecologistas andan con la mosca tras la oreja por no haber sido escuchados tras ser los autores de la mayoría de esas alegaciones, y temiéndose que, en el fondo, se trate de vaciar de contenido el plan que finalmente salga adelante.

En la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, máximo órgano de participación en materia de ordenación del territorio, se han venido negado reiteradamente a debatir las propuestas que buscan una mayor eficacia del plan y no se quede en un mero parche.

El Plan abre las puertas a una política de protección del litoral andaluz, espacio de un enorme valor ecológico, paisajístico y socioeconómico, muy deteriorado por todo tipo  de agresiones e impactos irreversibles sufridos por la especulación urbanística y la hipertrofia de infraestructuras.
Entre las alegaciones presentadas se incluye un detallado estudio de la situación del litoral en las cinco provincias costeras, y un conjunto de propuestas tendentes a garantizar que el plan alcance sus máximas posibilidades y cumpla todos sus objetivos, y no quede en otro plan más sin eficacia real alguna.

Mientras sale o no adelante este plan, los planes de ordenación se siguen tramitando y aprobando planes de ordenación sin esperar a ver si entran en contradicción con el plan de protección.

Actualmente, los suelos urbanizables en la franja de los primeros 500 metros del litoral suponen una superficie de 90 millones de metros cuadrados y una capacidad, con los urbanos sin desarrollar, de 187.000 viviendas más a construir.

El Plan sólo impediría construir 43.533 viviendas, pero permitiría 143.000 más. En Andalucía hay un stock de 130.000 viviendas sin vender y otras 224.178 vacías, por lo que resulta difícil de entender estas previsiones de construir cientos de miles de nuevas viviendas.