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Sevilla. La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado desde que se hizo efectiva la transferencia de competencias del Estado a Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral en abril de 2011 una continua labor de coordinación e interlocución con los ayuntamientos y empresarios del sector, con el fin de procurar una gestión más eficaz y sostenible del litoral. De este modo, la Junta de Andalucía ha resuelto hasta la fecha más del 80% de las solicitudes de autorizaciones con ocupación y sin ocupación para el desarrollo de actividades socioeconómicas en las costa andaluza.

En total, según el titular de Medio Ambiente, la Administración ambiental andaluza ha recibido 679 autorizaciones con ocupación, de las que se han resuelto 557 expedientes (nivel de ejecución del 82%), mientras que de las autorizaciones sin ocupación se han resuelto 190 expedientes de los 216 recibidos (nivel de ejecución del 88%). En lo relativo a los Planes de Playa, se han recibido un total de 54 planes de 64 municipios costeros, por lo que quedan por recibir los planes de cinco municipios, ya que han renunciado a su presentación los otros cinco municipios. Hasta la fecha, se han resuelto once de los planes recibidos, lo que representa el 20% del total.

Por otro lado, la Junta de Andalucía está gestionando 918 expedientes relativos a concesiones, de los cuales el 51% ha sido resuelto y un 49% aún se encuentra en trámite. La provincia en la que mayor número de expedientes relativos a concesiones se tramitan actualmente es Málaga, con un 42% del total, seguida de Huelva, con un 22% y de Cádiz, con un 17%.

Díaz Trillo ha destacado que la Consejería de Medio Ambiente procura una ágil tramitación y resolución de las solicitudes presentadas por ayuntamientos y empresarios, así como una diálogo constante con los mismos, con el objetivo de favorecer el desarrollo de una actividad económica y un turismo de playa compatibles con la preservación de los valores naturales del litoral andaluz, que sean capaces de garantizar, a su vez, la seguridad jurídica del sector.