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Madrid. El Consejo Rector del Consorcio Urbanístico Prolongación de la Castellana, ha acordado dar el relevo a las Juntas de Compensación que se van a constituir para el desarrollo de la conocida como Operación Chamartín. El ámbito situado al norte de Madrid con una superficie de 312 hectáreas, donde, según el plan parcial, está previsto destinar 1.200.000 metros cuadrados a oficinas, 542.000 a zonas verdes,  305.000 a equipamientos, 165.000 a hoteles y otros 165.000 a comercios, previéndose la construcción de 17.000 viviendas.

Serán pues estas  Juntas las que se encarguen del impulso y la coordinación de las tareas hasta ahora asumidas por el Consorcio, creado en 1997 y del que forman parte  Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, Ministerio de Fomento, ADIF y la empresa DUCH. Todos ellos, en su condición de propietarios de suelo, estarán también representados en las nuevas Juntas, entre cuyas funciones estará la salvaguardia de los valores de calidad y sostenibilidad que caracterizarán al ámbito. Con la extinción del Consorcio se evita la existencia de duplicidades y se eliminan costes innecesarios.

Este acuerdo deberá ser ratificado por los órganos competentes de cada administración pública y entidad consorciada, y para llevarlo materialmente a término se constituirá una Comisión Liquidadora. La reunión del Consejo Rector ha estado presidida por la  delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, contando con la asistencia, entre otros, del consejero de Transportes de la Comunidad, Antonio Beteta, el delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, así como representantes de ADIF, RENFE y DUCH.

El Consorcio Urbanístico Prolongación de la Castellana se constituyó hace 14 años en virtud del acuerdo firmado por el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en atención a las razones de interés general concurrentes en el desarrollo de la entonces denominada Operación Chamartín-Fuencarral, lo que aconsejó en aquel momento la creación de un órgano en el que intervinieran las administraciones públicas y al que pudieran incorporarse también los particulares. Posteriormente, se sumaría RENFE (actualmente ADIF), como titular del 63% del suelo del ámbito, y la empresa DUCH, que resultó adjudicataria del concurso público convocado por RENFE y que asumió los derechos de dicha empresa pública.

De acuerdo con sus estatutos, el Consorcio se constituyó como un organismo de colaboración y coordinación entre las administraciones públicas territoriales con competencia en el ámbito, así como de tutela y supervisión de las operaciones a desarrollar.

Para acordar la disolución del Consorcio, el Consejo Rector ha tenido en cuenta que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión de 25 de febrero de 2011, aprobó definitivamente el Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido APR 08.03 "Prolongación de la Castellana". Con esa medida se daba por terminada la fase de planeamiento con fijación de la ordenanza pormenorizada del ámbito, lo que constituía  uno de los principales campos de acción de las competencias y actividades del Consorcio.

Paralelamente, se culminó el proceso de acuerdo entre administraciones y entidades con intereses en el ámbito, con la suscripción y ratificación del Convenio Urbanístico de distribución de infraestructuras, en el que se han concretado las que resultan necesarias, y quiénes deben ejecutarlas.

De acuerdo con este convenio, los propietarios del suelo  se encargarán de las distintas infraestructuras, entre ellas,  la ampliación de la Línea 10 de Metro, la prolongación en 2´6 kilómetros de la Castellana y su conexión con las circunvalaciones M-30 y M-40; los cuatro nuevos ejes transversales para garantizar la permeabilidad este-oeste, y el cubrimiento de 600.000 metros cuadrados de superficie ocupados por vías, contribuyendo así a eliminar la barrera creada históricamente por el ferrocarril a lo largo de más de cinco kilómetros.

Por su parte, el Ministerio de Fomento y ADIF asumen la remodelación y ampliación de la estación de Chamartín,  y  la construcción de dos nuevas estaciones de Cercanías, que se suman al túnel para el AVE entre Chamartín y Atocha y la conexión con el aeropuerto de Barajas.

Tras la aprobación del Plan Parcial, se ha iniciado el proceso de gestión del desarrollo urbanístico, que requiere la delimitación de las unidades de ejecución y la constitución de las Juntas de Compensación, entidades de derecho público encargadas de llevar a cabo las obras de urbanización y el reparto de cargas y beneficios entre los propietarios. Las Juntas desempeñarán sus funciones de impulso y coordinación, salvaguardando los valores de calidad y sostenibilidad establecidos en el Plan Parcial.  Además, Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid ejercerán directamente la supervisión y tutela de las actuaciones en el ámbito, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Todo ello, unido a la actual coyuntura económica y a la necesidad de evitar duplicidades y reducir costes en la presente fase del proyecto, hace innecesaria la permanencia de un organismo como el Consorcio.

Con la puesta en marcha de las Juntas de Compensación de la Prolongación de la Castellana, se inicia una nueva etapa en un proyecto de transformación urbana que permitirá seguir avanzando en el incremento de la competitividad de Madrid. Mediante la aprobación del Plan Parcial  que tuvo lugar el pasado mes de febrero, se puede desplegar una estrategia urbana dirigida a la creación de la city de Madrid: un nuevo distrito económico y de actividades terciarias avanzadas que darán lugar a un incremento en la actividad económica de la ciudad y favorecerán un cambio en la especialización productiva de Madrid,  contribuyendo así a la mejora de su competitividad económica en relación con las otras capitales de grandes regiones metropolitanas de Europa.

El impacto a corto y medio plazo en la economía, tanto de la ciudad como de España, será muy considerable, pues supone una inversión de 11.100 millones de euros, que generará 699 millones de euros en el PIB de la ciudad y 1.584 millones en el PIB de España, así como 20.000 puestos de trabajo, sostenidos durante los 12 años de ejecución del proyecto. A largo plazo los impactos serán aún mayores pues, cuando esté concluido, 88.000 trabajadores se incorporarán a los espacios de actividad previstos dentro de ese ámbito y se generará un Valor Añadido Bruto de 7.236 millones en 2022.