La Guardia Urbana de Barcelona ha paralizado la construcción de pequeños habitáculos residenciales en un local de la calle de la Constitució, 114, en el distrito de Sants-Montjuïc, porque no cumplen los requisitos legales para garantizar el derecho a una vivienda digna.
La inspección municipal ha determinado que los promotores pretendían habilitar alojamientos tipo cápsula de menos de tres metros cuadrados con zonas comunes que favorecían el hacinamiento de residentes en unas condiciones inadecuadas y que no se ajustan a la legislación vigente.
Además, se han detectado irregularidades en los permisos de los trabajos. Los promotores solo disponían de un comunicado de obras y no de una licencia de obra mayor, necesaria para cambiar la distribución del local que se estaba construyendo.
La vivienda, un derecho como una casa
El 94% de los barceloneses considera que hay un problema de vivienda en la ciudad, y uno de cada dos califica de grave este problema. Para hacerle frente, la ciudadanía pide acciones para ajustar los precios y para incrementar la oferta de vivienda social.
En esta línea se ha desarrollado el Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025, que incluye, entre otros, la construcción de más 4.500 pisos de alquiler asequibles en la ciudad. Estos alojamientos los gestionará el futuro operador de vivienda asequible que se creará a través de un concurso público.
Además, ya están en marcha los primeros proyectos del nuevo modelo de pisos de estancia temporal del programa APROP (Alojamientos de Proximidad Provisionales), que pretende dar respuesta a situaciones de emergencia habitacional.
Por otra parte, el acuerdo entre entidades y grupos políticos para que el 30% de las nuevas viviendas sean protegidas permitirá que los promotores inmobiliarios privados se corresponsabilicen con respecto a la protección del derecho a la vivienda digna, y la partida presupuestaria del Consorcio de la Vivienda reforzará la inversión en alquiler asequible con 64 millones adicionales.
