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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha impulsado la creación de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda, a través de la firma de un protocolo en la ciudad de Barcelona por parte de secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. Se trata de una cátedra institucional e interuniversitaria entendida como un laboratorio de investigación interdisciplinar en política de vivienda.

Al acto de firma se ha sumado el ministro de Universidades, Manuel Castells, quien ha puesto en valor con su presencia el apoyo a las universidades y el esfuerzo que las cuatro universidades de Barcelona realizan para conformar esta Cátedra en materia de vivienda.

Formación, investigación, asesoría y difusión

La nueva Cátedra tendrá como finalidad desarrollar actividades de formación, investigación, asesoría y difusión, al servicio del ejercicio efectivo del derecho a la vivienda. Nace con el objetivo de convertirse en un agente del cambio que concentre capital humano interdisciplinar, especializado en promover soluciones innovadoras para resolver problemas públicos complejos.

Lo hará siguiendo un enfoque de investigación colaborativo, que aproveche las posibilidades que brinda la necesaria interdisciplinariedad en la temática de vivienda, generando conocimiento aplicado que más adelante pueda implementarse, evaluarse y difundirse.

La iniciativa surge del reconocimiento de que el problema de la vivienda es una realidad reconocida en las distintas investigaciones académicas de la materia, manifestada por el legislador estatal y autonómico en todo el corpus normativo relacionado con la vivienda y el urbanismo.

Asimismo, está reconocida en el objetivo 11 como un pilar fundamental de la Agenda 2030 de Naciones Unidas referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como en la propia Agenda Urbana Española.

En este contexto, la Cátedra reforzará el enfoque poliédrico, en la medida que es un problema que está interconectado, es urgente, es sistémico y es complejo. También requiere un enfoque integral desde las diferentes disciplinas que investigan e intervienen la realidad de la vivienda, como son la economía y la administración de empresas, el derecho, la ciencia política, la sociología, la geografía, el urbanismo y la arquitectura.

Compromiso de establecer un marco de colaboración

Con la firma de este protocolo, el Ministerio avanza en el compromiso de establecer un marco de colaboración estable con las diferentes cátedras y universidades que abordan la vivienda en sus múltiples enfoques.

Todo ello, en el marco del desarrollo de las nuevas políticas estatales en materia de vivienda y de rehabilitación, que apuestan por la colaboración, la participación pública y la transparencia. Entre estas nuevas políticas destaca el desarrollo de la legislación estatal en materia de vivienda, sin precedentes en la actual etapa democrática.

Ésta ofrecerá instrumentos efectivos de acción pública para favorecer el pleno ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, reforzando los parques públicos de vivienda como instrumento clave y orientando los recursos disponibles a tal fin.

En este sentido, resalta el esfuerzo del Estado, al recogerse en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 más de 2.250 millones de euros destinados a políticas de vivienda, rehabilitación y agenda urbana, lo que supone un incremento del 373% con respecto a la cifra del presupuesto anterior.

A esta se suma la aplicación de 5.720 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea para la promoción de viviendas en alquiler social y rehabilitación de viviendas y barrios.

Todo ello se une al incremento del Parque Público de viviendas con el Plan de Viviendas para el alquiler asequible y el refuerzo de los programas de ayudas del Plan Estatal de Vivienda.

En definitiva, estas políticas permitirán avanzar a corto y medio plazo en un mayor equilibrio del mercado residencial, mejorar el parque residencial existente, reforzar las ayudas, especialmente a los más vulnerables, y servir de instrumento efectivo de las políticas públicas de vivienda de las diferentes administraciones territoriales.