Inmodiario

La Generalitat de Cataluña ya ha empezado a echar números tras quedar aprobada la norma de aplicar el impuesto en el caso de viviendas de las entidades financieras que estén desocupadas durante más de dos años sin causa justificada.

Serán unos 8 millones de euros los que se podrían recaudar al imponer multas de entre 800 y 2.400 euros en función del tamaño de la casa. Cantidad que se destinará a comprar casas para ser alquiladas por familias con problemas económicos.

Las personas físicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social estarán exentas de la aplicación de este gravamen, mientras que sí se aplicará a las entidades financieras y a la administración autonómica y local si tienen pisos desocupados en zonas de fuerte demanda.

La norma se ha introducido tras comprobar cómo la crisis económica ha reducido a mínimos históricos la compra de viviendas, mientras que se ha incrementado el alquiler a un precio asequible para la mayoría de la población.

En este sentido, se estima que en Cataluña hay unos 80.000 pisos de nueva construcción pendientes de vender. Sin embargo, una parte importante de este 'stock' acumulado se encuentra en manos de entidades financieras por falta de compradores.

La ley prevé un conjunto de bonificaciones en función de cuántos pisos vaya poniendo en alquiler asequible el titular, bien directamente o bien cediéndolos a bolsas de mediación para el alquiler social, a las administraciones o a las entidades sociales.

Con esos 8 millones que se espera recaudar entre los que queda de 2015 y en 2016, la Generalitat de Cataluña pretende comprar más de 1.400 pisos para aumentar un 10% el parque de vivienda público.

Solo con el efecto de anunciar la medida se ha notado. Hace dos años no había ni una sola vivienda al parque público cedido por una entidad financiera. Ahora, Cataluña ya tiene el compromiso para conseguir la cesión de más de 1.530 pisos, 900 proceden de la Sareb, 230 más de Bankia, y 400 de CatalunyaCaixa.

Además, el 'stock' de pisos públicos vacíos ha pasado de más de 3.500, en enero de 2011, a menos de 900, y se ha conseguido rebajar en una media del 25% el precio de alquiler que pagan los inquilinos por estos pisos públicos.