Inmodiario

San Sebastián. Rebeka Ubera, portavoz de Aralar en las Juntas Generales de Guipúzcoa, y Ernesto Merino, coordinador de la coalición en la provincia, han presentado una propuesta en la cámara foral del territorio, en la que instan a la Diputación a que defina las condiciones que debe cumplir una vivienda para que sea calificada como vacía. Ese paso es indispensable para que los municipios puedan establecer recargos en el IBI en base al uso que se da a la vivienda y posibilitar que estas viviendas vacías salgan al mercado inmobiliario de alquiler.

“Como ya sabéis, el mercado inmobiliario está bastante parado por efecto de la crisis económica. No se compran ni se venden tantos pisos como antes, pero en cualquier caso, está claro que la gente tiene que vivir en algún sitio y eso hace que el tema de las viviendas vacías sean todavía más grave”, comentaba Ubera al inicio de la rueda de prensa tras la presentación de la propuesta.

“Hace un año escaso el Gobierno Vasco cifraba en 13.200 el número de viviendas vacias existentes en Guipúzcoa que ni son segunda residencia ni están en el mercado inmobiliario, viviendas que, por lo tanto, podrían incorporarse a ese mercado como viviendas en alquiler, por ejemplo. Para conseguir eso está claro que hay que incentivar que esos pisos vayan al mercado del alquiler, como ya se hace por medio del programa Bizigune, pero también hay que desincentivar el que esas viviendas permanezcan sin utilizar, lo cual es un lujo que en la situación actual no nos podemos permitir”, proseguía.

La Norma Foral 12/1989, por la que se regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en Gipuzkoa recoge en en su artículo 14.5 la posibilidad de que los ayuntamientos puedan exigir un recargo de hasta el 150 % en la cuota líquida del IBI.

En este sentido, “esta posibilidad de recargar el IBI de las viviendas vacías es una opción que ha ido apareciendo y desapareciendo de nuestro sistema normativo, pero que, sin embargo, no se ha puesto jamás en la práctica, porque los distintos gobiernos de la Diputación no han  tenido nunca ni la más mínima voluntad de que esta medida disuasoria y de penalización pudiera ser una realidad. Y eso ha sido una auténtica tomadura de pelo de los gobiernos anteriores de la Diputación. Se ha legislado este tema de cara a la galería, para quedar bien, a sabiendas que nunca se iba a aplicar ese recargo. La diputación nos ha estado tomando el pelo durante años con este tema y creemos que es una situación que hay que denunciar”, añadía la responsable de Aralar.

El problema es que la Norma Foral 12/1989 necesita un desarrollo reglamentario que defina exactamente el concepto de vivienda vacía y las condiciones a cumplir para que una vivienda pueda considerarse como tal. Recientemente los ayuntamientos de Zarautz y  Getaria han aprobado sendas mociones en la que solicitan a la Diputación que defina el concepto de vivienda vacía reglamentariamente para poder, de esa manera, aplicar dicho recargos en el IBI y ayudar a movilizar las viviendas vacías del municipio, subrayaba.

La Diputación ha aducido siempre la dificultad de definir adecuadamente la vivienda vacía y ha mantenido, de esa manera, la aplicación de dicha penalización en un estado de bloqueo permanente. En la legislatura anterior el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco presentó el anteproyecto de ley de garantía del derecho ciudadano a una vivienda digna. En dicho anteproyecto de ley se recoge una definición y una metodología para dar como desocupada una vivienda, metodología que podría ser de utilidad a la hora de que la Diputación realice la suya. Dicha metodología se basa en los consumos de agua, electricidad, el uso del correo o inspecciones.

No obstante, el cambio de gobierno foral “nos hace abrigar esperanzas de que sea posible superar el bloqueo al que los distintos gobiernos forales anteriores han sometido a la penalización de la vivienda vacía vía recargo en el IBI. Es por ello que hemos presentado en las Juntas Generales de Guipúzcoa una propuesta de resolución en la que solicitamos a la Diputación que desarrolle reglamentariamente las condiciones que han de cumplirse para que una vivienda se considere oficialmente vacía”.