Inmodiario

Madrid. Veremos a ver cuál es la reacción de los gerifaltes de la ‘troika’, de nuevo por Madrid, ante el nuevo parche que se quiere poner para evitar tener que ampliar la línea de crédito de rescate, de hasta 100.000 millones –quedan casi 60.000 disponibles– de cara a cubrir las nuevas provisiones por créditos mal clasificados.


Serían unos 20.000 millones más los que deberían aportar el conjunto de entidades financieras. El problema es que, a corto plazo, resulta inviable hacerlo. Así que de las negociaciones mantenidas entre el Banco de España y los bancos se ha avanzado la posibilidad de que esta aportación se demore en el tiempo, dos o tres años.

De lo contrario, de tener que hacerlo durante el presente ejercicio, la totalidad de entidades ya rescatadas, y alguna que no lo ha sido, se vería en la tesitura de reconocer que no tiene capital suficiente para afrontar las nuevas coberturas.

En este juego a múltiples bandas, el Gobierno presiona lo suyo. Sabe que necesita el capital de las entidades para cubrir sus emisiones de deuda, y una presión adicional sobre el capital pondría en serio peligro la garantía de que una parte importante de la financiación que reciben los bancos, a través de los créditos blandos del BCE, se destine a garantizar la estabilidad del sistema.

No obstante, habrá que esperar hasta finales del próximo verano para ver en qué queda la cosa, y cuál es el importe real de la nueva cantidad a provisionar, y si, como pretenden las autoridades españoles, se acepta una carencia para su aportación de dos o tres años.

En el fondo, el nuevo apaño vendría a reconocer que, un año después de ser rescatados, estamos prácticamente en el mismo sitio. Que todo está montado para que los bancos se financien a través del BCE y compren la deuda pública española que, por otra parte, como es lógico con estas prácticas, no va a dejar de aumentar hasta superar el billón de euros.

El problema de todos estos juegos malabares es que al Gobierno no le queda otra que cubrir las apariencias. Que no puede echar mano de otros 20.000, 30.000 o 40.000 millones de euros adicionales a los 41.000 que ya se han recibido, porque eso supondría reconocer que el sistema financiero está lejos de ser lo solvente que aparenta ser y, por ende, la supuesta credibilidad de las cuentas públicas quedaría en papel mojado.