Inmodiario

Al margen de que se aclare la situación política para contar con un statu quo energético capaz de mantener un clima de seguridad, el sector eléctrico quiere conseguir, como uno de sus grandes retos, la factura eléctrica "limpia" de sobrecostes.

Actualmente este recibo incluye una serie de apuntes que no están relacionados con el suministro de energía eléctrica, que no tienen nada que ver con el suministro o las redes de transporte y distribución de esta energía.

Son impuestos derivados de políticas sociales y medioambientales que, en el caso de España, acaparan aproximadamente la mitad del recibo eléctrico para el consumidor, y son los causantes de que, desde 2007, el precio de la electricidad se haya encarecido en torno a un 70%.

Para la patronal Unesa, el paso de estos conceptos a los presupuestos públicos constituiría un importante alivio para los consumidores, además de permitir aumentar la competitividad de las empresas.

De forma paralela, es esencial la eliminación progresiva de todos aquellos impuestos que producen distorsiones en la actividad de generación eléctrica, ya que impiden un correcto funcionamiento del mercado y dificultan la convergencia con el resto de países de la Unión Europea.

En un momento en el que se habla de integrar los mercados eléctricos en toda Europa, de cara a avanzar en la creación de un mercado único de electricidad que redunde en la mejora de la seguridad del suministro y en maximizar el uso de energías renovables, la existencia de elementos distorsionadores, como los impuestos, suponen un claro obstáculo para alcanzar el referido logro unificador.

Una mayor liberalización redundaría en precios y ofertas mejores y entronca con la necesidad de incrementar la capacidad de acción del consumidor. El objetivo es que el consumidor tenga cada vez mayor capacidad de gestión de su consumo, de tal modo que pueda contribuir a una mayor dinamización del mercado, y ajustar su uso de la electricidad a su perfil personal y a sus hábitos de consumo.

Entiende la patronal que la existencia de precios regulados estrangula la acción competitiva, al limitar la proactividad del consumidor, e impide que la innovación sea el elemento a partir del que se vayan desarrollando las distintas opciones tecnológicas y comerciales.